El Gobierno Nacional ha intensificado su presión sobre el Congreso de la República al radicar un mensaje de urgencia para que se dé trámite prioritario al Proyecto de Ley 432 de 2025, denominado “Por medio del cual se establecen mecanismos para la regulación justa y la democratización del sector energético”.
Este proyecto, que reforma sustancialmente la estructura regulatoria del sector, fue priorizado por la Casa de Nariño, incluso por encima de otras iniciativas esperadas, como la ley de sometimiento a bandas criminales o la reforma a la salud.
El documento, que consta de nueve páginas, fue dirigido a los presidentes de las comisiones quintas de Cámara y Senado. La carta lleva el membrete del presidente Gustavo Petro y está firmada por el Ministro del Interior, Armando Benedetti, y el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Los altos funcionarios solicitan a las mesas directivas del Congreso autorizar que el proyecto de ley sea tramitado en comisiones conjuntas del Senado y la Cámara, y que se le otorgue prelación en el orden del día.
Según los ministros, el proyecto constituye una iniciativa de alto impacto estructural para consolidar un sistema energético confiable y financieramente sostenible, además de contribuir a los objetivos de la Transición Energética.
El Gobierno asegura que la emisión del mensaje de urgencia e insistencia es procedente desde los puntos de vista constitucional, legal y estratégico.
Objetivo central de la iniciativa
El gobierno afirma que el objetivo principal del proyecto es corregir lo que llama distorsiones en la regulación tarifaria, garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica y promover la equidad en el acceso a los subsidios.
El ministro Edwin Palma sostiene que la propuesta busca dar salidas a problemas estructurales como la “asignación ineficiente de subsidios” y la “alta carga tarifaria que soportan los usuarios”.
Subrayó que la iniciativa busca proteger el acceso universal al servicio de energía eléctrica en condiciones justas y sostenibles, y mitigar los impactos tarifarios acumulados por la opción tarifaria en los hogares de menores ingresos.
Puntos más destacados
Entre los puntos más destacados que buscan redefinir las obligaciones de pago y la composición de los entes reguladores se encuentran:
Redefinir los criterios para la entrega de subsidios, condicionando el beneficio al consumo eficiente, prohibir expresamente los cobros ajenos al servicio público en las facturas de energía, eliminando cargas que afectan a usuarios residenciales y pequeñas empresas.
Definición de quién asumirá la deuda generada por la Opción Tarifaria. El proyecto establece que la obligación será cargada a los estratos 5 y 6, a los usuarios no regulados y a los usuarios no residenciales.
Adicionalmente, los estratos 5 y 6 quedan obligados a contribuir proporcionalmente para el sostenimiento de los subsidios destinados a los estratos bajos.
Se propone reformar la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), incorporando la representación de la academia, los usuarios y los trabajadores del sector. Además, el articulado impulsa la transformación productiva y la industrialización basada en energías limpias, mediante incentivos tarifarios para industrias intensivas en electricidad que utilicen fuentes renovables.
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