Gobierno Nacional asume control mayoritario de la Nueva EPS

El Gobierno de Colombia oficializó un cambio trascendental en el mapa de la salud nacional al adquirir el control mayoritario de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud que atiende a más de 12 millones de afiliados en el país. Tras una transformación accionaria, el Estado logró alcanzar el 51 % de la propiedad, adoptando una configuración en la que el Ejecutivo asume un rol dominante.

La movida, que venía negociándose desde hace varios meses con las cajas de compensación, modifica el esquema bajo el cual operaba la Nueva EPS, que fue creada como una entidad mixta. Anteriormente, seis cajas de compensación concentraban el 50.1 % de la participación, mientras que el Estado mantenía el 49.9 %, lo que no le otorgaba control sobre las decisiones estratégicas.

Con el ajuste, y tras ceder una porción de sus acciones, las cajas de compensación —incluyendo Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia y Comfandi— retienen una participación minoritaria. La Nueva EPS pasa a funcionar bajo mayoría pública, un modelo similar al de empresas mixtas como Ecopetrol. En esencia, el Estado ha asumido la conducción principal del modelo de atención de la EPS.

Este cambio en el control accionario coincidió con un remezón interno y el relevo de la dirección temporal de la entidad.

Gloria Polanía, quien había asumido el cargo de interventora tan solo unas semanas atrás, dejó su puesto de manera inmediata. En su lugar, el Gobierno designó a Óscar Gálvez. Gálvez es una figura reconocida por su experiencia previa en procesos de intervención en el sector salud durante el actual Gobierno, destacándose su participación en el caso de Savia Salud.

Expectativas sobre el servicio y el riesgo fiscal

La decisión de asumir el control mayoritario se destrabó tras las conversaciones iniciadas a raíz de la intervención de la entidad, ordenada por la Superintendencia de Salud (Supersalud) el 3 de abril de 2024.

En teoría, de acuerdo con analistas, el control estatal implica una inyección directa de recursos y una mayor capacidad de intervención sobre las cuentas de la EPS, la cual permanece bajo auditoría y vigilancia especial.

El Gobierno, al combinar la mayoría accionaria con la intervención, tendría un diagnóstico más claro del déficit y la posibilidad de girar recursos de manera directa a los hospitales, clínicas e IPS que actualmente acumulan millonarias deudas en mora.

No obstante, existe el riesgo que, con el Estado como accionista dominante, la Nueva EPS pueda requerir aportes constantes de recursos públicos cada vez que registre déficits financieros. Un esquema de este tipo podría tensar las finanzas del país y reducir el margen presupuestal para otros sectores.

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