La Superintendencia de Industria y Comercio autorizó, con condicionamientos, la operación de integración empresarial propuesta por Tigo y Movistar. Esta decisión busca equilibrar los beneficios potenciales para el mercado y los usuarios con la protección de la competencia y la prevención de riesgos que podrían afectar a los consumidores.
La operación consiste en que el accionista de Tigo, la empresa Millicom, adquirirá las acciones de Movistar, formando parte del mismo grupo empresarial y, en la práctica, dejando de ser competidores directos en varios mercados.
La integración impactará en 19 mercados, incluyendo servicios móviles (telefonía celular e internet móvil), servicios fijos (telefonía, internet y televisión residencial) y acceso mayorista a redes e infraestructura.
La Superindustria afirmó que tras un análisis técnico y en colaboración con la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, determinó que la operación podría traer beneficios significativos, como mejoras en cobertura, calidad y precios, siempre y cuando se adopten medidas para mitigar los riesgos de competencia.
“La integración permitirá consolidar infraestructura, reducir costos y optimizar recursos, lo que podría traducirse en mejores condiciones para los usuarios, fomentando una mayor inversión en tecnologías como la 5G y reduciendo brechas de conectividad”, aseguró la Superintendencia.
Riesgos y condicionamientos
Se identificaron riesgos en mercados móviles y fijos, incluyendo potencial bloqueo a rivales y coordinación entre los principales operadores.
Para controlarlos, se impusieron varios condicionamientos, tales como:
- Tarifas razonables en acceso y originación de RAN y OMV, con descuentos entre 12.5% y 46%.
- Prohibiciones para campañas específicas dirigidas a operadores pequeños.
- Transparencia en oferta de servicios empaquetados.
- Restricciones en la participación de Movistar en la empresa ONNET, para evitar uso indebido de información y bloqueo de competencia.
- Mecanismos de vigilancia y auditorías independientes para garantizar el cumplimiento de estas medidas por un período de 4 años.
Los condicionamientos estarán vigentes durante cuatro años o hasta que la Comisión de Regulación de Comunicaciones establezca la regulación correspondiente para las nuevas condiciones del mercado.
La Superintendencia manifestó que, con esta decisión, busca promover un mercado competitivo, proteger a los consumidores y facilitar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones en beneficio de todos los colombianos.
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