En una medida de última hora para garantizar la estabilidad macroeconómica del país, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, mediante el cual se oficializa un nuevo recorte al Presupuesto General de la Nación por un valor de $16.237.179.904.339.
Esta drástica reducción se suma a los $12 billones que ya habían sido aplazados desde el inicio del año, consolidando un escenario de profunda austeridad fiscal ante un panorama de ingresos estatales debilitado.
La administración justificó esta decisión como una medida imperativa para evitar el incumplimiento de la regla fiscal.
Según el texto oficial del Ministerio de Hacienda, el recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior a las obligaciones contraídas, reconociendo que la caja pública actualmente no cuenta con los fondos suficientes para cubrir los gastos inicialmente previstos.
Dos factores críticos precipitaron este ajuste presupuestal. En primer lugar, el recaudo tributario a noviembre de 2025 se situó por debajo de las metas proyectadas por el Ejecutivo.
En segundo lugar, el golpe definitivo, según el Gobierno Nacional, provino del ámbito legislativo, pues el Congreso de la República no aprobó el proyecto de Ley de Financiamiento, lo que dejó un vacío de $12 billones adicionales con los que el Gobierno contaba para equilibrar sus cuentas.
Impacto en sectores clave e inversión social
El decreto de recorte presupuestal detalla afectaciones directas en áreas sensibles para el desarrollo del país, como la educación, sector que enfrenta una reducción superior a $1,38 billones específicamente en el programa de “Calidad y fomento de la educación superior”, lo que pone en riesgo los planes de fortalecimiento de las universidades públicas.
Presidencia y Paz: La Presidencia de la República deberá ajustar su gasto en más de $122.000 millones, afectando directamente al Fondo Colombia en Paz, así como a programas de derechos humanos y modernización tecnológica.
Infraestructura y Agro: Entidades como el Invías y la Agencia Nacional de Tierras sufrirán recortes en sus partidas de inversión, lo que derivará en retrasos en obras de infraestructura y en la ejecución de la reforma agraria.
Salud: El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Invima verán disminuidos sus presupuestos para funcionamiento y adquisición de bienes esenciales.
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