La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. han formalizado un acuerdo para la terminación anticipada del contrato del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla.
Este pacto no solo redefine el futuro de la vía, sino que resuelve un complejo litigio internacional que amenazaba las finanzas públicas.
Los puntos neurálgicos acordados para dar fin a la relación contractual se centran en la gestión del riesgo y la sostenibilidad financiera.
Las partes lograron una terminación consensuada que pone fin a una demanda interpuesta por el concesionario ante un Tribunal de Comercio Internacional.
El acuerdo permite que la Nación se ahorre cerca del 63% de las pretensiones económicas originales, que ascendían a más de 1,2 billones de pesos.
Pago de la suma acordada
Se estableció que las sumas acordadas se pagarán exclusivamente con los recursos existentes en el Patrimonio Autónomo del proyecto, evitando así el uso de recursos del Presupuesto General de la Nación.
A partir del 2 de enero, se iniciará una etapa de reversión de 200 días. Durante este tiempo, el concesionario mantendrá la operación y el mantenimiento del corredor y de los peajes de Turbaco, Sabanagrande y Galapa, antes de entregarlos definitivamente al Invías.
Al cerrar el proceso mediante esta transacción, se elimina el riesgo de una eventual condena de mayor cuantía contra el Estado, cuya resolución se proyectaba hacia mayo de 2027.
Causas de la disolución
El concesionario explicó que la inviabilidad del contrato se derivó de los constantes hechos de protesta social, los cuales generaron un menor recaudo en los peajes y el incumplimiento en la instalación de nuevas estaciones en el sector de Arroyo Grande, en Luruaco.
Estos factores impidieron alcanzar el cierre financiero del proyecto, activando la obligación de riesgos a cargo de la ANI y constituyendo un “Evento Eximente de Responsabilidad”.
El balance del concesionario
A pesar de la terminación, Autopistas del Caribe destacó su labor desde el inicio de la concesión en 2021, periodo en el cual brindó asistencia a más de 7.000 usuarios con servicios de grúa, ambulancia y mecánica.
En términos de infraestructura, la firma reportó el sellado de 282.000 metros de fisuras, la aplicación de 8.000 metros cúbicos de asfalto para bacheo y la ejecución de más de 2.600 kilómetros de rocería. Asimismo, resaltó programas sociales que beneficiaron a emprendedores, campesinos y comunidades de Atlántico y Bolívar.
En términos sencillos, el fin de este contrato es como cancelar una suscripción costosa antes de tiempo para evitar una multa mayor en el futuro. Aunque se debe pagar una parte por el servicio recibido y las reparaciones hechas, se evita un gasto astronómico que habría afectado los ahorros de toda la familia (en este caso, el presupuesto de todos los colombianos).
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