En un movimiento que hace parte de la reorganización de las finanzas públicas, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional eliminará, mediante un decreto, la prima especial de servicios que actualmente beneficia a los congresistas.
Esta decisión se enmarca dentro de una estrategia integral de reducción del gasto público y austeridad impulsada por el Ejecutivo.
El origen de este incentivo económico se remonta al año 2013, durante la administración de Juan Manuel Santos. Bajo el Decreto 2170, la prima fue concebida inicialmente para cubrir los costos de instalación de aquellos legisladores que debían trasladarse a Bogotá desde diversas regiones del país. Sin embargo, la naturaleza del beneficio cambió drásticamente con los años.
Según explicó el ministro Ávila, lo que comenzó como un apoyo excepcional para facilitar la llegada de los congresistas a la capital, terminó convirtiéndose en un pago generalizado para todos los miembros del Congreso, sin importar su lugar de residencia habitual.
Aseguró que con esta prima especial tal situación se ha mantenido durante más de 12 años, generando un costo fiscal recurrente que hoy se encuentra indexado.
Impacto en las finanzas del Estado
Las cifras reveladas por la cartera de Hacienda subrayan el peso de este beneficio en el erario. Cada congresista beneficiado recibe aproximadamente 11 millones de pesos anuales por este concepto.
Con un total de 295 congresistas (aunque no todos perciben la prima), el gasto para el Estado alcanza un promedio de 3.200 millones de pesos al año.
El ministro Ávila fue enfático al señalar que, en el actual contexto fiscal, este gasto no encuentra justificación alguna. La eliminación de esta prima se formalizará próximamente mediante un decreto presidencial, consolidando el paquete de decisiones para ajustar las arcas del Estado.
Contraste con la política salarial mínima
En su intervención, el jefe de la cartera económica también aprovechó para marcar una clara línea divisoria entre los privilegios de los altos cargos y los derechos de los trabajadores con menores ingresos.
Mientras se revisan y eliminan beneficios en los niveles superiores del Estado, Ávila ratificó que el salario mínimo sigue siendo un piso obligatorio e irrenunciable para cualquier trabajador formal en el país.
Dijo que esta medida de austeridad busca enviar un mensaje de coherencia en la gestión de los recursos públicos, priorizando la protección de los ingresos más bajos mientras se recortan gastos que el Gobierno considera innecesarios en la cúpula legislativa.
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