Fin de las concesiones viales como medida de recorte de gastos, anuncia Petro

En un anuncio que redefine la política de transporte en Colombia, el presidente Gustavo Petro confirmó que su administración terminará con el modelo de concesiones viales como una estrategia central de recorte de gastos ante la desfinanciación del presupuesto general.

El mandatario fue enfático al señalar que este será el único ajuste en el gasto público, asegurando que no se afectarán sectores sensibles como la educación, la salud o el salario mínimo.

Bajo esta nueva visión, el Gobierno Nacional asumirá la administración directa de aquellas concesiones que se reviertan o lleguen a su fecha de vencimiento.

Según el jefe de Estado, esta transición busca optimizar los recursos públicos bajo la premisa de que “o los más ricos pagan la plata por impuestos o dejan de recibir los gastos del Estado”.

Uno de los objetivos primordiales de esta estatización de la gestión vial es reducir los costos asociados a las tarifas de peajes en todo el territorio nacional, aliviando la carga económica para los usuarios.

A pesar de este cambio de rumbo hacia la gestión pública, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya se encuentra trabajando en el cierre ordenado de diversos contratos vigentes, buscando fortalecer el patrimonio público en el gobierno.

El panorama de los peajes y la sostenibilidad

No obstante, la transición no exime al sistema de las realidades económicas inmediatas. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ratificó que el 16 de enero de 2026 entrará en vigor un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes de toda la red vial concesionada.

Este incremento responde a la actualización anual obligatoria por ley y estará anclado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se ubicó en un 5,30% anual a noviembre de 2025, según cifras del Dane.

Este ajuste técnico es defendido por la cartera de Transporte como una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, permitiendo que el mantenimiento, la operación y la ampliación de la infraestructura no se detengan durante el proceso de transición.

Este cambio de paradigma sugiere que Colombia se encamina hacia un modelo donde el Estado retoma el control operativo de sus ejes viales, intentando equilibrar la balanza fiscal sin sacrificar la calidad de las vías, aunque el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad institucional para gestionar lo que antes estaba en manos privadas.

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