El Gobierno nacional, actuando a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), emitió una orden para reintegrar más de 150 mil millones de pesos a los usuarios del servicio de gas natural. Esta medida responde a la detección de cobros excesivos originados en la componente de transporte de las tarifas vigentes desde 2023.
La controversia técnica se originó con la Resolución CREG 102 002 de 2023, mediante la cual se incrementó la tasa de descuento del costo de capital (WACC) del 10,94% al 11,88%. Este ajuste permitió que grandes empresas transportadoras, entre ellas TGI (filial del Grupo de Energía de Bogotá) y Promigas (vinculada al Grupo Aval), elevaran los costos en el eslabón de transporte de la cadena de valor, trasladando estos incrementos directamente a las facturas de los hogares y comercios.
Ante este panorama, los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición, argumentando la necesidad de mantener el WACC en el 10,94% original para mitigar el impacto económico en los consumidores finales mientras se definían los nuevos cargos tarifarios. Tras un análisis detallado, la CREG, bajo la presidencia del Ministerio de Minas y Energía, decidió acoger estas solicitudes, revirtiendo el incremento y ordenando el recalculo de los cargos.
Justicia tarifaria y defensa del consumidor
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, enfatizó que esta decisión es un acto de “justicia tarifaria” destinado a proteger la economía de las familias colombianas. “No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse”, puntualizó el funcionario.
Según las declaraciones oficiales, la prioridad regulatoria se ha centrado en el interés general, buscando que las tarifas reflejen condiciones de transparencia y equidad. El impacto de esta medida se sentirá en millones de usuarios que han pagado estos sobrecostos durante los últimos tres años.
Implementación de los reembolsos
La CREG será ahora la encargada de establecer los mecanismos y cronogramas específicos para que las empresas del sector ejecuten la devolución de los recursos. Se espera que el reintegro se realice de manera efectiva a través de descuentos o abonos en las facturas de los usuarios.
El Gobierno nacional afirmó que con esta decisión reafirma su postura de vigilancia estricta sobre el sistema tarifario, buscando aliviar la carga económica del costo de vida para los ciudadanos.

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