El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para la reforma de tarifas y subsidios de energía, el cual busca modificar varios aspectos de la estructura regulatoria del sector. La iniciativa se llama: “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”.
La propuesta legislativa busca salidas a lo que el ministro Edwin Palma considera problemas estructurales como la “asignación ineficiente de subsidios”, los “cobros ajenos al consumo de energía” y la alta carga tarifaria que soportan los usuarios entre otros aspectos.
El proyecto contempla varios puntos, que, de ser aprobados, redefinirán las obligaciones de pago y la composición de los entes reguladores.
Entre los principales cambios se destacan la redefinición de criterios para la entrega de subsidios, el establecimiento de tarifas diferenciales para usuarios vulnerables e industrias verdes, la prohibición de cobros ajenos al servicio en la factura de energía, y la inclusión de representantes de usuarios, sindicatos y la academia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Subsidios y protección a la vulnerabilidad
El artículo 3 del proyecto propone un “revolcón a los subsidios” al redefinir los criterios para su entrega, condicionando el beneficio al consumo eficiente. Esta medida surge después de que un borrador inicial fuera criticado por establecer un tope de consumo considerado irreal para los usuarios, especialmente en la región Caribe.
Ahora, la nueva articulación plantea una protección específica para varios grupos de usuarios: Hogares en situación de vulnerabilidad, usuarios con dependencia energética por motivos de salud, hogares ubicados en climas extremos y familias numerosas.
Pago de Opción Tarifaria recae en estratos altos
Uno de los puntos más sensibles es la definición de quién asumirá la deuda generada por la Opción Tarifaria, una estrategia implementada durante la pandemia para permitir a las familias diferir el pago del servicio.
Mientras que inicialmente se consideraba que esta deuda sería asumida por el Estado, el proyecto de ley establece ahora que la obligación será cargada a los estratos 5 y 6, a los usuarios no regulados y a los usuarios no residenciales. Es importante recordar que esta deuda fue contraída por los estratos 1, 2 y 3. El estrato 4, que estaba incluido en versiones previas, fue excluido de esta obligación.
Facturas libres de impuestos ajenas al consumo
El articulado impone cargas adicionales a los estratos altos y a nuevos actores del mercado: Los estratos 5 y 6 quedan obligados a contribuir proporcionalmente para el sostenimiento de los subsidios destinados a los estratos bajos.
Los autogeneradores de energía a pequeña escala (como un negocio que posea un panel solar o una turbina eólica) también deberán realizar aportes para el financiamiento de dichos subsidios.
En un esfuerzo por simplificar la facturación y reducir las cargas ajenas al consumo, el artículo 4 retoma la prohibición expresa de incluir tasas e impuestos no vinculados al servicio.
En ese orden de ideas, en un año fue establecido en el proyecto de ley, el plazo para que departamentos, distritos y municipios eliminen tributos cuyo hecho generador sea el consumo eléctrico.
Autorización a la CREG. La Comisión de Regulación de Energía y Gas quedará autorizada para diferenciar precios en el mercado mayorista, según el tipo de fuentes.
Esto significa que la factura de energía no podrá contener impuestos o contribuciones distintas al valor real del consumo. Adicionalmente, se fijó un plazo de un año para que departamentos, distritos y municipios eliminen tributos cuyo hecho generador sea el consumo eléctrico.
Reforma a la CREG y gestión de recursos
En cuanto al marco regulatorio, el proyecto establece cambios en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), así: La CREG será autorizada para diferenciar precios en el mercado mayorista, dependiendo del tipo de fuente energética utilizada.
Se fija en cinco años la vigencia de las metodologías tarifarias, con revisiones periódicas para permitir ajustes anticipados.
Respecto a la composición de la CREG, un punto que ha generado controversia, el proyecto estipula la incorporación de representantes de usuarios, sindicatos y la academia. Además, se prevé la creación de un Comité Consultivo Ciudadano de Participación.
El proyecto busca fortalecer los fondos eléctricos (Faer, Prone, Fazni y Foes) mediante la autorización de un incremento controlado de sus recursos.
El objetivo prioritario de estos fondos será garantizar su sostenibilidad financiera y, en última instancia, reducir la pobreza energética (definida como la falta de acceso suficiente a fuentes de energía).
Para las hidroeléctricas, se destinará un porcentaje adicional de sus ventas brutas de generación a proyectos sociales y a la reducción de costos energéticos en ciertas regiones.
“Este proyecto es un paso histórico para democratizar la energía en Colombia. Queremos que las decisiones del sector reflejen las voces de los usuarios, los trabajadores y los territorios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.
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