El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley de modificación al Presupuesto General de la Nación (PGN) de la vigencia 2026. La iniciativa contempla un traslado presupuestal de $1,2 billones destinados a aliviar la liquidez del sector eléctrico y garantizar la continuidad en la prestación del servicio energético, especialmente en la región Caribe.
Esta operación fiscal no incrementa el monto total del presupuesto nacional aprobado para 2026, sino que reorganiza apropiaciones existentes en sectores con saldos disponibles mediante un mecanismo de contracréditos y créditos presupuestales.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dijo que los $1,2 billones provienen del reordenamiento de recursos de inversión de dos carteras ejecutivas. $750.000 millones son liberados del presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (correspondientes a programas de inversión intersubsectorial en transporte público).
Y $450.000 millones son aportados por el Ministerio de Minas y Energía (de apropiaciones destinadas a la consolidación productiva del sector eléctrico).
Entidad gestora y destinación de los recursos
La entidad receptora y encargada de la gestión de estos recursos será la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la cual actuará en su condición de ordenadora del gasto del Fondo Empresarial.
Los fondos se aplicarán mediante pago directo a los agentes acreedores del Mercado de Energía Mayorista (MEM) —principalmente generadores térmicos— para cubrir la deuda acumulada por la empresa Air-e, compañía distribuidora y comercializadora en Atlántico, Magdalena y La Guajira que permanece intervenida por la SSPD desde septiembre de 2024.
De este modo, los recursos no ingresan a la libre disposición de la prestadora intervenida, sino que saldan acreencias liquidadas para asegurar el suministro de combustible y evitar un desabastecimiento de energía.
Los $1,2 billones solicitados al Legislativo se complementan con $300.000 millones que ya fueron girados previamente por el Ministerio de Hacienda, completando un total de $1,5 billones anunciados bajo el marco del Plan Energía YA para contener los riesgos operativos y climáticos derivados del Fenómeno de El Niño 2026-2027.
Declaraciones e intervenciones oficiales
Durante un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, enfatizó la naturaleza transitoria y puntual de la medida:
“Este recurso tiene un único propósito, que es el de ayudar en estos momentos de estrés que tiene el sistema eléctrico en la costa Caribe. Este recurso no es para salvar Air-e. Esto es para atender las obligaciones que tiene esa compañía temporalmente”.
Por su parte, los diagnósticos y solicitudes remitidas por la SSPD al Ministerio de Hacienda advierten sobre la gravedad de la liquidez de la comercializadora intervenida:
“Air-e enfrenta una situación financiera con una incapacidad de generar fondos internos, que además va creciendo durante los años de proyección. Esta situación financiera dificulta el pago de las deudas de largo plazo, tanto las existentes de corto plazo como las que podrían adquirirse más adelante”.
Asimismo, las autoridades gubernamentales reiteraron en la exposición de motivos del proyecto de ley que este movimiento de partidas “no constituye un salvamento empresarial” ni exime de responsabilidad a los administradores de la empresa intervenida, sino que busca preservar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y evitar un racionamiento de alcance nacional durante los meses de mayor exigencia climática.
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