El Gobierno nacional respondió a las graves acusaciones formuladas por el senador Iván Cepeda contra el presidente Abelardo De la Espriella, a quien señaló de presuntos vínculos con capitales relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo.
El ministro de Justicia y del Interior encargado, Iván Cancino, pidió que las denuncias sean sustentadas con pruebas ante las autoridades competentes y defendió el respeto por la presunción de inocencia del mandatario.
A través de un video divulgado en las redes sociales oficiales del Ministerio de Justicia, Cancino aseguró que el Ejecutivo no teme al control político ni a las investigaciones judiciales, pero advirtió que los señalamientos deben estar acompañados de elementos probatorios que permitan establecer eventuales responsabilidades.
“El control político es una herramienta fundamental de nuestra democracia, pero no puede convertirse en un escenario para lanzar acusaciones sin demostrar y fundamentarlas”, afirmó el funcionario.
La respuesta se produjo después de que Cepeda anunciara, durante un debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangong, que presentará una denuncia contra De la Espriella ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de concierto para delinquir.
El congresista también solicitará que se investiguen posibles conductas relacionadas con interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.
Gobierno cuestiona las pruebas presentadas por Cepeda
Cancino sostuvo que los señalamientos expuestos por el senador pueden parecer graves, pero cuestionó que, a su juicio, los documentos presentados durante el debate no constituyen por sí solos pruebas contundentes contra el jefe de Estado.
El ministro se refirió particularmente a los organigramas, las escrituras públicas de años anteriores y las operaciones empresariales que Cepeda utilizó para sustentar sus denuncias.
“Es que no es solamente llegar a exhibir organigramas, escrituras de hace más de una década y operaciones empresariales para construir una narrativa que no sustituye ni las decisiones de la justicia ni el respaldo documental, testimonial, indiciario, pericial que tiene que tener este tipo de denuncias”, manifestó.
El funcionario insistió en que las acusaciones deben tramitarse ante las instancias correspondientes y que cualquier determinación sobre posibles delitos debe surgir de las investigaciones judiciales, con respeto por el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
“Bienvenidas todas las denuncias. Presenten absolutamente todas las que se les ocurran. Eso sí, con pruebas, con evidencias, con respaldo probatorio”, enfatizó el ministro.
¿Qué denunció Iván Cepeda?
Durante su intervención en el Congreso, Cepeda expuso documentos financieros, folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas y decisiones judiciales con los que, según su interpretación, existirían relaciones entre negocios, capitales asociados a personas vinculadas con el narcotráfico y el paramilitarismo, y actuaciones relacionadas con tierras y entidades estatales.
Uno de los puntos centrales de sus señalamientos fue la empresa Dominio De la Espriella, vinculada a la comercialización del ron Defensor. El senador aseguró que los estados financieros de la compañía registran aportes provenientes del entorno familiar y societario de Hugues Rodríguez Fuentes, conocido con el alias de ‘Barbie’.
Según las cifras presentadas por Cepeda, la familia de Rodríguez Fuentes y Monte Horeb Group representaron el 40,8 % de los depósitos de capitalización de la empresa en 2022 y el 38,1 % en 2023.
El congresista también relacionó sus denuncias con la adquisición de la finca Nueva Jerusalén, ubicada en Becerril, Cesar, que, según expuso, fue comprada en 2013 a una hermana de alias ‘Comandante Barbie’.
Además, mencionó a Daniel Peñarredonda, antiguo socio de De la Espriella Lawyers, a quien vinculó con un proceso federal en Estados Unidos relacionado con presunto lavado de activos.
A partir de estos elementos, Cepeda planteó la necesidad de investigar posibles conflictos de interés y eventuales conexiones entre relaciones empresariales, actuaciones sobre predios rurales y nombramientos en entidades públicas.
Estos señalamientos corresponden a las denuncias del senador y deberán ser evaluados por las autoridades competentes. No constituyen, por sí mismos, una declaración judicial de responsabilidad penal contra el presidente.
Cancino cuestiona a la oposición
En su pronunciamiento, el ministro también lanzó críticas contra sectores de la oposición, a los que cuestionó por lo que considera una falta de rigor o de atención frente a otros escándalos relacionados con presunta corrupción, narcotráfico, responsabilidad fiscal y posibles vínculos con organizaciones criminales durante el Gobierno anterior.
Cancino sostuvo que el mismo estándar de exigencia probatoria debe aplicarse a todos los sectores políticos, sin distinciones por filiación o conveniencia partidista.
“El país merece conocer toda la verdad, no solamente la parte que le conviene a ese sector político”, expresó el funcionario, al insistir en que las denuncias deben sustentarse en hechos verificables y no en insinuaciones.
La controversia abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre el senador Iván Cepeda y el Gobierno de De la Espriella. Mientras el congresista anunció que acudirá a las instancias judiciales para que se investiguen sus señalamientos, el Ejecutivo exige que las acusaciones estén respaldadas por pruebas y que se respete la presunción de inocencia del presidente.
El alcance de las denuncias dependerá ahora de los elementos que sean puestos formalmente en conocimiento de las autoridades y de las decisiones que adopten los organismos competentes.
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