A la denuncia del gobierno por irregularidades en la venta de acciones de la Triple A, se suma otra igual de grave, que tiene en su poder la Contraloría General de la República, contra el alcalde Jaime Pumarejo y el expresidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, Andrés Ávila.
Se afirma que en la negociación sólo fue exigida como garantía de cumplimiento del pago, la pignoración de las acciones compradas, lo cual no sería suficiente, por cuanto la firma compradora, Alumbrado Público de Barranquilla, no tiene la capacidad suficiente para garantizar el pago del monto de la contratación efectuada de venta de las acciones. También, que no hubo una subasta pública para que se presentaran otros oferentes.
Según la denuncia, las supuestas actuaciones irregulares de los mencionados funcionarios produjeron un detrimento patrimonial y por ello habrían incurrido en responsabilidad fiscal por tales hechos.
La W dio a conocer esta nueva denuncia que acentúa las dudas sobre el proceso de compra-venta de acciones de la empresa Triple A, que se registró hace un poco más de 1 año.
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LO QUE ESTABLECE
El contrato, de fecha diciembre 3 de 2021, establece que las partes acordaron la siguiente forma de pago: Precio de venta: 565 mil millones de pesos y la forma de pago, así: 50% al 31 de diciembre de 2022 y el restante 50% en seis años, siendo las acciones la garantía de ese pago.
La denuncia dice textualmente: “La garantía de pignoración pactada no cubre en forma técnica y adecuada los riesgos de incumplimiento contractual y ata dicha garantía a los resultados del negocio que ejecuta Triple A SA ESP”.
Y agrega que “en caso que Triple A presente situaciones económicas contingentes y no contempladas en ningún estudio o análisis de riesgo, el valor accionario podría verse afectado y de igual forma la garantía pactada, lo cual exigía el establecimiento de otro tipo de garantías adicionales como pólizas de cumplimiento a favor de la SAE SAS, lo cual no se pactó”.
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VENTAJA ILÍCITA
Tras pedir a la Contraloría que se declare la nulidad absoluta del contrato de compraventa, señala que en este proceso le fue otorgada una ventaja ilícita a la empresa Alumbrado Público de Barranquilla y sus socios, entre ellos el Distrito de Barranquilla, que impidió la participación de competidores en una subasta pública.
Precisa la denuncia enviada a la Contraloría, que “en el presente caso la violación de las normas contenidas en la ley 80 de 1993 y el Código de Extinción de Dominio otorgó una ventaja ilícita en el mercado a la sociedad de economía mixta Alumbrado Público de Barranquilla SAS y a sus socios, el Distrito de Barranquilla y la sociedad privada Barranquilla Capital de Luz SAS, al impedir el ingreso de competidores a un proceso de selección objetiva como lo es la subasta pública”.
Asegura que dicha ventaja resultó significativa porque al emplear el mecanismo de venta directa “impidieron voluntariamente, la participación de pluralidad de oferentes al mantener secreto el contrato y su proceso de estructuración, secreto acordado contractualmente lo que evidencia el carácter bilateral de la ilícita decisión”.
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