Es claro que los subsidios y las contribuciones deben ser revisados y cuidadosamente focalizados para garantizar que beneficien realmente a quienes los necesitan, sin comprometer la sostenibilidad del sistema ni crear cargas excesivas que puedan desincentivar el consumo eficiente o la inversión en infraestructura.
Tal apreciación se la hicieron los gremios energéticos al Ministerio de Minas y Energía, señalando que la eliminación de subsidios generalizados y la transición a un Registro Universal de Ingresos – RUI, como lo contempla un artículo del proyecto de ley que presentará el gobierno al Congreso, es un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, estiman que ello requiere previamente el levantamiento y consolidación de información socioeconómica de las personas, ya que hoy los subsidios son asignados según el estrato de los hogares (predios). Y así mismo, se requiere la normalización masiva de la medición individual.
“Por ello es fundamental aunar esfuerzos entre el DNP, el Ministerio de Minas y Energía y la CREG para concretar un cronograma para avanzar en esta línea, incluida la adopción de las medidas necesarias para la normalización de las medidas, la cual no puede ser una responsabilidad de los comercializadores, como se propone en el proyecto”, indican.
Sobre el destino de los ahorros fiscales alcanzados como efecto de la aplicación de la medida propuesta, dicen las organizaciones gremiales que es necesario que los esfuerzos se enfoquen de manera prioritaria en cubrir el déficit hoy existente en materia de apropiación y pago de subsidios, “conforme se establece en la Ley 2294 de 2023, mientras se realizan los ajustes al esquema de focalización”.
Los que superen parámetros de consumo
Sostienen que es importante revisar al detalle la eliminación del subsidio para aquellos usuarios que superen ciertos parámetros de consumo, evitando profundizar el problema para algunos usuarios vulnerables que por su ubicación geográfica o por la agrupación de hogares requieren un consumo elevado de energía.
“Por tanto, es preciso un análisis del comportamiento de consumos para estos casos y de los posibles riesgos de exclusión antes de la implementación de este tipo de medidas, considerando también los recursos disponibles y necesidades de apropiación del Presupuesto General de la Nación para los subsidios de energía”, plantean.
Además, indican, es necesario posibilitar el pago de subsidios adeudados a los comercializadores de energía eléctrica y gas combustible y así garantizar su sostenibilidad y liquidez, mediante la autorización de otros mecanismos de pago, como son los recursos de crédito, hoy restringidos por el artículo 100 de la Ley 142 de 1994; y el cruce de impuestos con las empresas.
“Adicionalmente, una medida como la anunciada debe comunicarse de forma eficaz, pues su aplicación sin haber informado previamente puede generar descontento social, que el Gobierno debe abordar oportunamente”, agregan.

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