Pago de Opción Tarifaria de estratos bajos por los altos, generará nuevas inequidades: Gremios energéticos

Uno de los puntos del anteproyecto de ley que el Gobierno Nacional ha planteado sobre el sector eléctrico, tiene que ver con el esquema de pago de la Opción Tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, sobre lo cual se propone trasladar esta deuda a los usuarios de estratos 4, 5, 6 y no residenciales, la cual el Gobierno Nacional había prometido asumir.

Gremios del sector dicen que aunque la propuesta invoca el principio de solidaridad y redistribución de ingresos del artículo 367 de la Constitución Política, la forma en que se estructura este cobro generará nuevas inequidades.

“Esta medida resulta regresiva y genera una carga desproporcionada para una población minoritaria, dado que los usuarios a cargo del pago representan menos del 20% del total de usuarios residenciales”, consideran los gremios.

“Además, perjudica a quienes ya cumplieron con el pago de su deuda, pues no solo se les cambian las reglas de juego al imponerles una carga retroactiva, sino que también verían incrementada su factura al asumir las deudas de otros usuarios y otros mercados de comercialización”, subrayan.

A lo anterior se agrega que cerca del 30% de los usuarios de Colombia ya asumieron la deuda de la Opción Tarifaria, con lo cual a dichos usuarios los pondrían a pagar un valor adicional de la OT a cargo de otros usuarios, y a los usuarios que aún están pagando sus deudas, les tocaría pagar la deuda de ellos, y la de otros.

“En otras palabras, este enfoque podría profundizar las distorsiones de los subsidios cruzados, trasladando cargas injustificadas entre usuarios y produciendo incentivos económicos para que los de mayores ingresos acudan a otras opciones de abastecimiento a su alcance, profundizando el actual desequilibrio del sistema de solidaridad y redistribución de ingresos”, advierten.

Es por ello que Andesco, Acolgen, ANDEG, Asocodis, Naturgas, ACP, Cámara Colombiana de la Energía, ACCE, Agremgas, Gasnova, Andi y Asoenergía, afirman que la medida es regresiva.

Argumentan que una porción muy importante de esa deuda está constituida por subsidios a cargo de la Nación, con lo cual, de ponerse en vigencia la norma propuesta, los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 y no residenciales regulados resultarían subsidiando a la Nación, “lo cual riñe con el principio de solidaridad que se invoca como sustento de la propuesta, pues la Nación no puede considerarse como un usuario vulnerable”.

Agregan que esto desconoce el esquema de recuperación de los saldos establecido por la CREG, prolongando los tiempos de recuperación de estos hasta 15 años, generando incertidumbre sobre el reconocimiento bajo el marco regulatorio actual y el avance que pueda darse en la definición de los criterios de distribución de la deuda, en donde el beneficio posiblemente es mucho menor que el costo, “afectando la competitividad de sectores estratégicos de la economía”.