Gremios empresariales condenan ataques a la Andi y exigen que cese la estigmatización

Una ola de condenas se ha levantado desde el sector empresarial colombiano tras los recientes actos de vandalismo, amenazas y asedios registrados en las afueras de las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en Bogotá, así como en ciudades como Medellín y Cali. Las principales agremiaciones han manifestado su total respaldo a la Andi, calificando los incidentes como un ataque inaceptable a la institucionalidad y la libre empresa, y han dirigido exigencias claras y urgentes al Gobierno Nacional.

La Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y el Comité Intergremial del Atlántico han liderado el rechazo categórico a estos hechos.

Las agremiaciones coincidieron en que los incidentes—que incluyeron concentraciones nocturnas, episodios de violencia y amenazas de continuidad—ponen en riesgo la integridad de los directivos y trabajadores de la Andi.

AmCham Colombia señaló que convertir a la Andi en blanco de protestas por asuntos ajenos a su misión es inadmisible y que estas acciones desbordan los límites de la convivencia democrática. Se ha enfatizado que la protesta es un derecho solo cuando es pacífica, y no cuando deriva en intimidación, daños, bloqueos o riesgos para la integridad de terceros.

Las agresiones no solo afectan la seguridad personal, sino que constituyen un “ataque directo a la institucionalidad y a los principios democráticos que sustentan nuestra sociedad”.

El Comité Intergremial del Atlántico alertó que esta situación representa un grave deterioro del respeto por las instituciones, generando un clima de polarización que impacta la estabilidad económica y social.

La estigmatización, vínculo con discursos de poder

Los gremios advirtieron con preocupación sobre el origen de estos ataques. El Intergremial Atlántico lamentó que los hechos reflejen las consecuencias de una estigmatización irracional e injustificada contra el sector privado, la cual, según la entidad, ha sido promovida por discursos que han encontrado eco en algunas voces cercanas al Gobierno nacional.

Camacol se unió a la advertencia de otros gremios sobre la gravedad de que “discursos estigmatizantes y expresiones de intolerancia se traduzcan en violencia y amenazas”. Además, AmCham Colombia sostuvo que permitir que la protesta derive en señalamiento y coacción contra un gremio sienta un precedente peligroso y afecta libertades esenciales como la asociación, el trabajo, la propiedad y la libre empresa.

Las exigencias clave al gobierno nacional

Ante la escalada de las agresiones, las agremiaciones han solicitado al Ejecutivo una intervención clara y contundente, destacando la obligación del Estado de proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos.

Las solicitudes específicas dirigidas al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública incluyen:

1. Cesar los ataques al sector gremial: AmCham Colombia exige directamente al Gobierno que “cese sus ataques al sector gremial”.
2. Garantizar la seguridad y actuar frente al daño: Se solicita que, dentro del marco de la ley y con estándares de derechos humanos, se garantice la protesta sin violencia. Además, se debe proteger a las personas e instalaciones, prevenir y contener el acoso, y actuar de manera efectiva frente a quienes incurran en daños o amenazas.
3. Defensa de la Institucionalidad: El Intergremial Atlántico hizo un llamado urgente a la defensa firme de la institucionalidad gremial y democrática, pilares fundamentales para la convivencia y el desarrollo sostenible.
4. Promover un discurso respetuoso: Camacol instó a todos los actores sociales y políticos a rechazar cualquier forma de violencia y a asumir la responsabilidad de propiciar un discurso respetuoso que fomente el diálogo, la tolerancia y la unidad. El gremio reitera su compromiso con la estabilidad institucional y la tramitación pacífica de las diferencias, nunca a través de la intimidación o el vandalismo.

Los gremios han concluido que defender a la Andi es defender el empleo, la libertad de asociación y el derecho a vivir bajo la legalidad, no bajo el oportunismo ni la injusticia.