Gremios rechazan nuevos impuestos tras declaratoria de emergencia económica

El sector empresarial colombiano ha manifestado una postura crítica y unificada frente a la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro para atender los desastres naturales en regiones como Córdoba, Antioquia, Chocó y la Guajira. Si bien los gremios reconocen la gravedad de la situación climática, advierten que la crisis no debe ser utilizada como un “vehículo” para imponer nuevas cargas tributarias que comprometan la competitividad y la inversión en el país.

“La situación en Córdoba y Antioquia por el frente frío exige una respuesta rápida, firme y coordinada del Estado. Por ello, y tras la declaratoria de emergencia de anoche, consideramos respetuosamente que las medidas que se adopten deben concentrarse exclusivamente en atender a las comunidades afectadas y en la reconstrucción del territorio”, expresó la presidente del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez.

El gremio propone que antes de expedir Decretos Legislativos, es urgente activar plenamente la gestión del riesgo prevista en la Ley 1523 de 2012. La declaratoria de calamidad pública o desastre permite mover recursos del FNGRD con agilidad y usar contratación directa para atender de forma integral a la población. Ese es el mecanismo diseñado para choques climáticos severos.

Uno de los puntos de mayor fricción es el anuncio de un impuesto al patrimonio dentro del marco de la emergencia. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó esta medida como “altamente antitécnica”, argumentando que representa un gravamen directo a la inversión y a la generación de empleo. Según Mac Master, castigar a las empresas que han mantenido activos sanos termina afectando a los trabajadores y a las familias colombianas.

Además, el líder gremial cuestionó la eficacia de la medida para atender la urgencia actual, señalando que el recaudo de dichos impuestos se daría apenas en mayo o junio del próximo año, mientras que las víctimas necesitan soporte estatal inmediato.

Exigencia de eficiencia y austeridad

Desde la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), su presidenta María Claudia Lacouture fue enfática al señalar que el problema no es la falta de dinero, sino la gestión del mismo. “Recursos hay, lo que no hay es un buen gasto de esos recursos”, afirmó Lacouture, quien hizo un llamado a la austeridad y recordó que el sector empresarial ya aporta el 60.5% de los ingresos del Gobierno nacional.

“Es importante para los colombianos conocer que el sector empresarial aporta el 60.5% de los ingresos del Gobierno nacional. No es que no se esté aportando, es que se está malgastando y en ese sentido hay que hacer un llamado para lograr austeridad y responsabilidad”, afirmó Lacouture.

En una línea similar, la presidente del Consejo Gremial instó al Gobierno a realizar un análisis transparente de los fondos necesarios antes de expedir decretos legislativos. Gutiérrez advirtió que Colombia ya ocupa los últimos puestos en el Índice de Competitividad Fiscal de la OCDE (puesto 36 de 38), por lo que crear más impuestos desincentivaría aún más el capital.

Alternativas financieras sobre la mesa

Los representantes de los gremios proponen utilizar herramientas legales y presupuestales ya existentes en lugar de crear nuevas figuras fiscales:

Activación de la Ley 1523 de 2012: Utilizar la gestión del riesgo y la contratación directa permitida bajo la declaratoria de calamidad pública.

Reorientación presupuestal: Hacer uso de traslados, reprogramaciones y partidas presupuestales sin comprometer del presupuesto ordinario.

Regalías y fondos territoriales: Utilizar las regalías no ejecutadas que están a disposición de departamentos y municipios, así como recursos del Fonpet (fondos de pensiones territoriales).

Críticas a la institucionalidad y la corrupción

La desconfianza del sector privado también se fundamenta en los recientes escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Mac Master señaló que esta entidad, diseñada precisamente para atender estos choques climáticos, ha sido blanco de irregularidades que han terminado “dilapidando y perdiendo” recursos públicos esenciales.

Finalmente, el Consejo Gremial subrayó que las medidas de excepción deben concentrarse exclusivamente en atender a las comunidades afectadas y en la reconstrucción del territorio, evitando la adopción de medidas que no tengan relación directa con la crisis climática.

“La emergencia no debe convertirse en un vehículo para crear nuevos impuestos, ni para adoptar medidas sin relación directa con la crisis. Debe servir para ejecutar mejor lo que ya existe, fortalecer la capacidad institucional y proteger a las comunidades afectadas sin debilitar la generación de empleo e inversión que el país necesita”, puntualizó Gutiérrez.