Grupo empresarial Prosegur, SuperSociedades formula pliego de cargos

La Superintendencia de Sociedades formuló pliego de cargos contra la señora Helena Irene Revoredo Delvecchio, por la presunta infracción al régimen de matrices y subordinadas, al no haber realizado de forma adecuada y completa la revelación del grupo empresarial “Grupo Prosegur” en el registro mercantil de las 14 sociedades colombianas que se encuentra vinculadas a la mencionada organización multinacional, junto con otras compañías extranjeras, especialmente, domiciliadas en España.

En este evento, al parecer existen unas sociedades en el exterior por intermedio de las cuales la señora Revoredo Delvecchio controla a las sociedades colombianas Corresponsales Colombia S.A.S., Inversiones BIV S.A.S., Prosegur Tecnología S.A.S., Prosegur Sistemas Electrónicos S.A.S, Prosegur Gestión de Activos de Colombia S.A.S, Prosegur Ciberseguridad S.A.S., Prosegur Seguridad Electrónica S.A.S., Servimax Servicios Generales S.A.S., Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada Ltda.

También Dinero Gelt S.A.S., Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A., Compañía Colombiana de Seguridad Transbank Ltda, Procesos Técnicos de Seguridad y Valores S.A.S. y Prosegur Procesos S.A.S., en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio y en esta medida, debió revelar en el registro mercantil de las compañías colombianas, su vinculación al conglomerado que presuntamente involucra a 30 entidades, tan solo en Colombia y España.

Al respecto el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó que “la revelación de las situaciones de control y/o de grupo empresarial es de interés público, por cuanto existe un riesgo para las diferentes personas que interactúan con las empresas, cuando no se conoce la identidad de las verdaderas matrices o controlantes y de todas las entidades vinculadas. La publicidad de las estructuras de control y de los grupos empresariales puede resultar fundamental para las autoridades correspondientes, al analizar potenciales conflictos de intereses de los administradores sociales, la realidad de las operaciones entre vinculadas, la consolidación de estados financieros, la evaluación de riesgos y los efectos en casos de insolvencia.”

La investigada podrá ejercer su derecho de defensa dentro del término señalado en la Ley.

“Desde la Superintendencia de Sociedades seguiremos trabajando por garantizar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a nuestro conocimiento”, dijo el Superintendente Escobar.