En un pormenorizado análisis sobre la situación de orden público que golpea a la capital del Atlántico y al resto del país, el experto en seguridad, Guillermo Polo Carbonell, advirtió que la crisis actual no es un fenómeno aislado, sino la manifestación de un colapso estructural del sistema de justicia que ha convertido a la impunidad en el principal combustible de la criminalidad.
Según Polo Carbonell, si bien Barranquilla enfrenta el desafío de “verdaderas empresas criminales” con alta capacidad operativa, logística y financiera vinculadas al narcotráfico y la extorsión, el factor determinante es que el Estado ha fallado en su capacidad de sanción.
“El principal aliado del crimen organizado en Colombia no es la pobreza… es la impunidad“, afirma el experto, señalando que esta es una realidad objetiva y medible.
El análisis del experto revela datos alarmantes que sustentan la tesis de una justicia inoperante. Por ejemplo, el 86% de las noticias criminales terminan archivadas sin resultados efectivos y la capacidad de evacuación de procesos del sistema cayó drásticamente, pasando de un 17% en 2019 a apenas un 5% en 2024.
Sostiene que en Barranquilla la infraestructura judicial es insuficiente, contando con tan solo 2,37 jueces penales por cada 100.000 habitantes.
Según los datos de Guillermo Polo, la reincidencia criminal alcanza niveles críticos de entre el 70% y el 80%, lo que demuestra que el sistema no está cumpliendo su función disuasoria.
Igualmente destaca que el 46% de las audiencias programadas no se realizan, lo que facilita la liberación de delincuentes por vencimiento de términos, enviando un mensaje devastador a las estructuras criminales: el riesgo de ser sancionado es mínimo,.
Una responsabilidad que desborda lo local
El análisis es enfático en que la seguridad no puede recaer exclusivamente en las administraciones municipales.
“Aunque las autoridades territoriales en el Atlántico han realizado inversiones significativas en tecnología y fortalecimiento institucional, ninguna alcaldía o gobernación puede compensar por sí sola las debilidades de un sistema de justicia cuya responsabilidad primaria es del Estado central”, plantea Polo Carbonell.
Igualmente considera que el crimen organizado no es un problema municipal, sino de carácter nacional. Polo critica que, aunque Colombia adoptó un sistema penal acusatorio moderno hace más de quince años, el Estado nunca asignó los recursos necesarios para su implementación, resultando en una insuficiencia crónica de fiscales, jueces y tecnología.
El llamado a la articulación institucional
Para el experto, la solución no reside en la confrontación política ni en debates fragmentados, sino en una estrategia nacional coherente.
Dice que el mayor riesgo actual es la desarticulación entre el poder público nacional y las autoridades territoriales, un escenario donde el crimen organizado prospera.
Polo Carbonell concluye que Barranquilla, por su visibilidad y situación actual, tiene el potencial de convertirse en el punto de partida para una solución nacional y en una experiencia piloto para recuperar la seguridad ciudadana, siempre y cuando se logre una coordinación efectiva y un diálogo genuino entre la Nación y el territorio.
Finalmente advierte que sin una justicia que investigue, juzgue y sancione, el crimen continuará expandiéndose inevitablemente.
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