La Fiscalía General de la Nación confirmó que el próximo mes de febrero radicará la audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por su presunta responsabilidad en las fallas de seguridad que rodearon el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El ente acusador, a través de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá, señala a Rodríguez por el delito de prevaricato por omisión.
Según las investigaciones, el funcionario habría ignorado de manera sistemática los llamados urgentes para reforzar y mejorar el esquema de protección del líder del Centro Democrático, a pesar de que existían advertencias claras sobre el nivel de riesgo que enfrentaba debido a su actividad política.
La decisión judicial se sustenta en las denuncias presentadas por la defensa de la familia Uribe, liderada por el abogado Víctor Mosquera. De acuerdo con el jurista, durante los primeros meses del año 2025 se presentaron un total de 23 solicitudes de reforzamiento de seguridad para el entonces precandidato presidencial.
“La última se presentó el 5 de junio”, apenas un día antes del atentado, precisó Mosquera, subrayando que la entidad no adoptó acciones efectivas para protegerlo a pesar de que la propia UNP había advertido sobre los riesgos desde el año 2023.
El magnicidio ocurrió el 6 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón, Bogotá, mientras Uribe Turbay se dirigía a la comunidad en un acto público. Tras el crimen, se revelaron fallas críticas en el dispositivo de seguridad, incluyendo el hecho de que uno de los escoltas asignados no se encontraba en servicio el día del ataque.
El debate sobre la responsabilidad administrativa
La conducta de Augusto Rodríguez ha quedado en el centro del debate público, ya que la UNP es la entidad encargada de diseñar y supervisar los esquemas de protección de personas en situación de riesgo.
Mientras el director de la UNP negó en su momento la existencia de tales solicitudes de refuerzo, la Fiscalía cuenta con material que indicaría una presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes legales. Además de prevaricato, algunas fuentes indican que Rodríguez también podría responder por tentativa de homicidio y prevaricato por acción.
Incluso el presidente Gustavo Petro reconoció públicamente, días después del crimen, que ya se conocían alertas sobre seguimientos al entorno familiar del precandidato antes del atentado.
Avances en la investigación penal
Paralelo al proceso contra el director de la UNP, la Fiscalía ha logrado avances en la identificación de los autores materiales del crimen. A la fecha, se ha sancionado al menor de edad conocido como alias ‘Tianz’, quien disparó contra el senador, y se ha capturado a alias ‘Chipi’, señalado como el coordinador del plan criminal.
El ente investigador continúa gestionando preacuerdos con otros implicados para identificar a los determinadores detrás del ataque que conmocionó al país.
La audiencia de imputación contra Augusto Rodríguez está programada para mediados de febrero de 2026, una fecha que marcará un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la protección de los líderes políticos en Colombia.
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