Un jurado federal del Tribunal para el Distrito Norte de Alabama, Estados Unidos, emitió un veredicto el pasado 15 de enero de 2026 que exonera de manera definitiva a la multinacional Drummond Company de las acusaciones sobre presuntos vínculos con grupos paramilitares en Colombia.
La decisión no solo desestimó los señalamientos, sino que determinó que el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización, International Rights Advocates (IRAdvocates), orquestaron una campaña de difamación y actividades criminales contra la compañía.
El jurado concluyó por unanimidad que las acusaciones de que Drummond apoyaba a organizaciones al margen de la ley eran categóricamente falsas. Según las pruebas presentadas, los demandados violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) al incurrir en delitos graves como extorsión, soborno y manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
Debido a la gravedad de las acciones bajo la Ley RICO, el jurado otorgó inicialmente a Drummond US $52 millones por la demanda de difamación y US $68 millones por la demanda bajo la Ley RICO. Sin embargo, conforme a las disposiciones legales de este estatuto, la indemnización por RICO se triplica automáticamente, elevando la cifra total que deberán pagar los responsables a US $256 millones.
La investigación judicial reveló que Collingsworth y sus aliados ejecutaron una estrategia coordinada para dañar la reputación de Drummond mediante cartas difamatorias a terceros y el pago no revelado de más de US $400,000 a testigos, entre ellos Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, conocido como alias “El Viejo Miguel”. Otros implicados hallados culpables bajo la Ley RICO incluyen al abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y al empresario holandés Albert van Bilderbeek.
Reacción de la compañía
“Este veredicto es una prueba más de que Drummond no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley. La compañía lleva décadas soportando señalamientos maliciosos y narrativas falsas, que un jurado ahora determinó por unanimidad que eran categóricamente falsas”, dijo Trey Wells, abogado litigante principal de la firma de abogados Starnes Davis Florie LLP.
Por su parte, Drummond reafirmó su compromiso con la ética y el respeto por la institucionalidad en Colombia, asegurando que, desde el inicio de sus operaciones a finales de los años 80, su actuar se ha ceñido estrictamente a la ley y a los más altos estándares de integridad. Este fallo marca un hito en la defensa judicial contra el uso de testimonios falsos y estrategias de presión reputacional en tribunales internacionales.
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