La Junta Directiva de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, concluyó su sesión del 24 de marzo tras evaluar formalmente las múltiples solicitudes que exigen la renuncia o el retiro de su actual presidente, Ricardo Roa Barragán.
A pesar del cerco de diversos sectores, el máximo órgano de gobierno de la estatal petrolera ha optado por un esquema de seguimiento riguroso y defensa de la estabilidad institucional, evitando, por el momento, una remoción inmediata del cargo.
La Junta Directiva analizó tres comunicaciones críticas que han puesto en jaque la continuidad de Roa:
La Unión Sindical Obrera (USO): El sindicato histórico de la industria solicitó formalmente que Roa sea apartado del cargo, advirtiendo sobre la posible convocatoria a una movilización nacional de trabajadores si no se adoptan medidas.
Accionistas Minoritarios: Este grupo expresó su profunda preocupación por la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra el Presidente, cuestionando si esta situación podría activar cláusulas de incumplimiento en contratos vigentes o violar regulaciones del mercado de valores.
Sector Filial: Se sumó el pronunciamiento del apoderado de Luis Enrique Rojas Cuéllar, ex presidente de Hocol, quien también exigió la renuncia del directivo.
Debida diligencia y asesores internacionales
Frente a este escenario, la Junta Directiva manifestó que actúa bajo el marco de la debida diligencia y que ha venido evaluando los riesgos para la compañía apoyándose en su Dirección Corporativa de Cumplimiento, así como en asesores externos expertos tanto de Colombia como de los Estados Unidos.
Para gestionar la crisis, la administración ha implementado un protocolo específico de seguimiento a los acontecimientos recientes. Respecto a las inquietudes de los inversionistas, la Junta fue enfática en señalar que, a la fecha no existen incumplimientos en la regulación que rige a Ecopetrol. Los contratos de crédito y otros documentos materiales se mantienen vigentes y sin violaciones contractuales derivadas de esta situación.
Además, que no se han recibido notificaciones de investigaciones o procesos en curso por parte de autoridades del mercado de valores.
Compromiso con el Gobierno Corporativo
La compañía reiteró que mantiene un seguimiento continuo a los trámites legales contra Ecopetrol o su representante legal para evitar que el mercado reciba información inexacta o insuficiente.
En su comunicado oficial, la Junta reafirmó su compromiso con los estándares de transparencia y buen gobierno corporativo, priorizando la generación de valor para los accionistas y la continuidad operativa de una empresa que representa más del 60% de la producción de hidrocarburos en el país.
Por ahora, Ecopetrol apuesta por el diálogo constructivo con la USO y la vigilancia institucional, mientras el futuro de su presidencia permanece bajo el escrutinio de expertos y entes de control nacionales e internacionales.
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