El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió este miércoles una sentencia histórica contra directivos de la multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands, que operaba en la región de Urabá.
Siete ejecutivos fueron condenados a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, tras comprobarse vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2004.
La Corte impuso también una multa cercana a 13.876 millones de pesos (aproximadamente 3.7 millones de USD) y ordenó ejecutar de inmediato las órdenes de captura. La juez Diana Lucía Monsalve negó cualquier beneficio como suspensión de la pena o prisión domiciliaria.
Los directivos implicados son: Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo, José Luis Valverde, Víctor Julio Buitrago y Fuad Alberto Giacoman Hasbún.
En contraste, tres exdirectivos de Banacol fueron absueltos por ausencia de pruebas contra su presunta participación
Antecedentes y contexto
En marzo pasado, la jurisdicción de Justicia y Paz ya había confirmado que Chiquita Brands había transferido al menos 1,7 millones USD a las AUC en más de cien pagos, desmintiendo la versión de supuesta “extorsión” y destacando que fueron aportes voluntarios por cada caja de plátano enviada.
Esto se suma al fallo civil de un tribunal estadounidense en junio de 2024, que determinó que Chiquita era responsable civilmente por financiar los paramilitares, imponiéndole una indemnización de 38,3 millones USD a familias de víctimas.
Es un precedente indispensable
Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, celebró la sentencia como “un precedente indispensable para evitar la impunidad empresarial”, advirtiendo que el financiamiento de grupos ilegales no debe quedar sin consecuencias.
Además, organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación (IPC), PARES y otras ONG expresaron alivio de que la condena llegue antes de que prescriba el caso el próximo 17 de septiembre de 2025, como alertaron en su momento.
Refuerza lucha contra la impunidad empresarial
Este fallo marca un hito en la historia judicial de Colombia, al constituir la primera condena en el país contra los responsables de la filial de una gran corporación multinacional por financiar estructuras paramilitares.
Además, refuerza la jurisprudencia internacional tras los fallos de Estados Unidos, reforzando la lucha contra la impunidad empresarial y los abusos a derechos humanos.
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