“La justicia está al servicio del pueblo”: Jueza Sandra Heredia en lectura del fallo en caso Uribe

En la histórica lectura del fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, enfatizó que su decisión —que se conoció hoy lunes— no se trata de un fallo político, sino estrictamente jurídico, un dictamen basado en derecho y justicia.

Heredia aseguró que “la justicia no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia. Está al servicio del pueblo colombiano” y reafirmó que “la justicia no se arrodilla ante el poder”

También afirmó con contundencia: “nadie está por encima ni por debajo de la ley” al subrayar que su fallo se rige sólo por criterios legales, sin motivaciones ajenas al derecho. “El fallo que se emite hoy no es una victoria de nadie no es una victoria de otro. Debe ser una respuesta del Estado a través de su justicia a una controversia procesal. Por eso pedimos sensatez”, expresó.

Con su lectura arrancó con estas palabras: “La espera ha finalizado”, marcando el cierre de un proceso judicial que se inició hace más de una década

Durante el fallo, ratificó que las interceptaciones legales entre Uribe y su abogado Diego Cadena, ordenadas por la Corte Suprema en 2018, aunque se hicieron por error, no fueron ilegales y garantizan veracidad absoluta.

Su labor resistió ataques de género

El otro momento clave, la jueza detuvo su exposición para solicitar silencio a la senadora María Fernanda Cabal, presente en la sala, enfatizando la solemnidad de la audiencia.

Al referirse al proceso judicial, la juez destacó que el fallo recolecta 1.000 páginas y condensó 475 días de ardua labor jurídica, construyendo una decisión de justicia independiente y resistente a presiones externas

Durante la jornada, también enfatizó que su labor resistió ataques de género, explicando que como mujer enfrentó críticas que otros jueces no afrontan, reafirmando su posición de imparcialidad y firmeza frente a la presión.

Heredia sostuvo: “Este fallo será dado en justicia, no obedecerá influencias políticas o sociales, sino los principios del derecho”.

El primer proceso penal contra un expresidente

Se trata del primer proceso penal en la historia reciente de Colombia contra un expresidente, en este caso Álvaro Uribe (2002–2010), acusado por la Fiscalía de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno a testigos.

El proceso judicial se originó tras una denuncia del senador Iván Cepeda en 2012, derivando en una investigación formal iniciada por la Corte Suprema en 2018.

La defensa de Uribe denunció presunto lawfare  o guerra legal y politización del proceso, pero tribunales como el Superior de Bogotá negaron las recusaciones y rechazaron las tutelas interpuestas contra Heredia.

Las implicaciones jurídicas y políticas

Aunque aún no ha trascendido si el fallo será condenatorio o absolutorio, su lectura marca un momento clave. Representa un ejercicio judicial autónomo frente a un caso mediático y polarizador que ha captado la atención nacional e internacional.

En cualquier escenario, la decisión de hoy es solo la primera instancia: ambas partes disponen de cinco días hábiles para apelaciones ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si se considera que los delitos podrían prescribir en octubre de 2025, la agilidad en los recursos será crucial.

El presidente Gustavo Petro ya se comprometió públicamente a respetar la independencia judicial y a proteger a la jueza Sandra Heredia, cualquiera sea su fallo, lo cual refuerza el marco institucional del proceso.

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