La Procuraduría General de la Nación mantiene bajo vigilancia preventiva el contrato suscrito por Air-e con la empresa china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), mediante el cual se busca gestionar financiación de hasta $1 billón para ejecutar obras de infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El negocio, que fue presentado como una alternativa para fortalecer y modernizar las redes eléctricas de la región Caribe, ahora está bajo la lupa del Ministerio Público debido a los posibles riesgos financieros y operativos que podría representar para una empresa que actualmente se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La Procuraduría informó que, luego de solicitar información a Air-e y a la Superservicios, realizó una revisión del contrato, sus anexos y la documentación recopilada durante el proceso. Como resultado, identificó varios aspectos que requieren un seguimiento especial por sus posibles efectos sobre las finanzas de la compañía y sobre la prestación del servicio de energía.
El contrato fue firmado el 19 de agosto de 2026 por el entonces agente especial de Air-e, Jaime Humberto Mesa Buitrago, después de un proceso de negociación que se extendió durante varios meses. La Procuraduría ahora busca reconstruir la trazabilidad completa de esa negociación y determinar cómo fueron tomadas las decisiones que llevaron a la suscripción del acuerdo.
¿En qué consiste el acuerdo con la empresa china?
El convenio contempla la posibilidad de gestionar recursos de financiación por hasta $1 billón, destinados a proyectos de renovación, expansión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica de Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Entre las inversiones previstas se encuentran la modernización tecnológica de subestaciones, la ampliación de redes de distribución y transmisión y el aumento de la capacidad del sistema eléctrico, obras consideradas necesarias para mejorar la confiabilidad del servicio en una región que enfrenta recurrentes problemas de suministro.
El acuerdo tiene una vigencia de 60 meses y contempla una tasa de financiación del 5,2 % efectivo anual, además de un período de gracia de un año contado a partir de la entrada en operación de las obras financiadas.
Air-e ha explicado que esto no significa que la compañía china haya desembolsado de manera inmediata el billón de pesos. Según la explicación entregada por el entonces interventor Jaime Mesa, cada proyecto debe ser diseñado y presentado con su respectivo presupuesto y cronograma para posteriormente ser evaluado por un comité técnico. Solo después de su aprobación se producirían los desembolsos correspondientes.
Procuraduría quiere establecer quién tomó las decisiones
Uno de los puntos centrales de la actuación preventiva es establecer cómo evolucionó la negociación y qué decisiones fueron adoptadas por las diferentes administraciones que han estado al frente de Air-e durante su intervención.
El Ministerio Público revisa las actuaciones de Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda, Nelson Javier Vásquez Torres, Tania Patricia Peñaranda Zuleta y Jaime Humberto Mesa Buitrago.
La Procuraduría pretende establecer la participación de cada uno de ellos en las distintas etapas de estructuración del negocio, además de identificar los riesgos derivados de las decisiones adoptadas y determinar, si corresponde, eventuales responsabilidades.
Sin embargo, el organismo de control fue enfático en que se trata de un seguimiento preventivo y que hasta el momento no ha establecido irregularidades ni responsabilidades individuales.
La preocupación radica en que cualquier decisión financiera que comprometa recursos de Air-e puede tener repercusiones sobre una empresa que atraviesa una compleja situación financiera y que tiene a su cargo la prestación del servicio a cerca de 1,4 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El riesgo no es solamente financiero
Para la Procuraduría, la discusión trasciende el monto del contrato. El análisis también busca determinar si las condiciones del negocio podrían generar riesgos operativos que terminen afectando la continuidad y calidad del servicio de energía.
Por eso, la entidad señaló que mantendrá la vigilancia sobre Air-e, el contrato con CMC y las decisiones que se adopten en torno a la empresa intervenida, dentro de la estrategia denominada “Paz Energética”.
La finalidad es anticiparse a eventuales problemas antes de que estos terminen trasladándose a los usuarios.
La revisión adquiere especial importancia en momentos en que la infraestructura eléctrica del Caribe requiere millonarias inversiones para atender el crecimiento de la demanda, reducir fallas y mejorar la confiabilidad de las redes.
Así, el contrato con la compañía china queda en una situación particular: por un lado, representa una posibilidad para conseguir recursos destinados a obras que la región necesita con urgencia; pero, por otro, la Procuraduría considera necesario establecer si las condiciones financieras, jurídicas y operativas del acuerdo son convenientes para una empresa intervenida como Air-e.
El Ministerio Público continuará con el seguimiento para establecer si el negocio permite fortalecer efectivamente la infraestructura eléctrica del Caribe sin generar nuevos riesgos financieros para la compañía y, en última instancia, para los millones de usuarios que dependen del servicio en la región.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/procuraduria-indaga-contrato-air-e-empresa-china-financiar-obras-1-billon-caribe/
Más historias
Colombia supera los 440 ataques con drones explosivos: inteligencia alerta por tecnología de origen chino
Efraín Cepeda Tarud, nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla
El software ya mueve el 3,6 % de la economía colombiana y busca convertirse en motor de productividad