La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato suscrito por Air-e Intervenida con la empresa estatal china China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), una operación con la que se busca gestionar financiación de hasta $1 billón para ejecutar proyectos estratégicos de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La actuación del Ministerio Público se conoce apenas días después de que Air-e anunciara la firma del acuerdo, que contempla una financiación a 60 meses, con una tasa del 5,2 % efectivo anual y un período de gracia de un año contado desde la entrada en operación de las obras.
Los recursos serán financiados inicialmente bajo el mecanismo pactado con la compañía china y deberán ser pagados posteriormente por Air-e en las condiciones establecidas en el contrato.
Procuraduría pide explicaciones a Air-e y Superservicios
La Procuraduría requirió información tanto a Air-e Intervenida como a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para establecer las condiciones jurídicas, financieras y patrimoniales bajo las cuales fue estructurado y suscrito el millonario negocio.
El ente de control busca establecer si la Superservicios tuvo conocimiento previo de la negociación y si la celebración del contrato requería alguna autorización, teniendo en cuenta que la compañía se encuentra bajo un proceso de toma de posesión.
También solicitó los estudios técnicos, jurídicos, financieros y de riesgos que respaldaron la operación, así como información sobre las garantías, las fuentes de pago y los soportes de las actuaciones adelantadas ante la autoridad que vigila a la empresa.
Air-e y la Superservicios tendrán cinco días hábiles para entregar la información requerida por el Ministerio Público.
La fecha de la firma genera interrogantes
Uno de los puntos que ha despertado mayor interés es el momento en que se concretó la operación.
El procurador general, Gregorio Eljach, manifestó que el organismo de control quiere conocer en detalle los documentos y circunstancias de una transacción que involucra una cifra tan elevada, especialmente por haberse anunciado a pocas horas de que el entonces agente especial de la compañía dejara el cargo.
La Procuraduría deberá establecer, entre otros aspectos, el alcance de las obligaciones que Air-e asumiría a partir de esta financiación y su impacto sobre el endeudamiento, el flujo de caja, la capacidad de pago y la sostenibilidad financiera de la empresa.
¿En qué se invertiría el billón de pesos?
Según la información divulgada por Air-e, los recursos se destinarían a proyectos de renovación, expansión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en los tres departamentos donde presta el servicio.
Entre las obras proyectadas se encuentran inversiones en subestaciones de potencia, ampliación de las redes de distribución y transmisión y aumento de la capacidad del sistema eléctrico.
El acuerdo con CMC busca acelerar inversiones que, de acuerdo con Air-e, permitirían mejorar la confiabilidad, la continuidad y la calidad del servicio para los usuarios de la región Caribe.
La gran pregunta: ¿afectará las tarifas de energía?
La Procuraduría también revisará uno de los asuntos que más preocupa a los usuarios: los posibles efectos que las inversiones y las obligaciones derivadas del contrato puedan tener sobre las tarifas de energía.
El Ministerio Público dejó claro que no cuestiona la necesidad de realizar inversiones para modernizar y mejorar la infraestructura eléctrica del Caribe.
Sin embargo, considera necesario verificar que una operación de esta magnitud, en una empresa intervenida y con una situación financiera compleja, no comprometa su patrimonio, su sostenibilidad ni la prestación del servicio a más de 1,3 millones de usuarios.
El seguimiento preventivo también analizará la manera en que el contrato y sus obligaciones se integrarían a los distintos escenarios que puedan adoptarse para el futuro de Air-e, incluida la eventual llegada de un nuevo operador o una futura solución empresarial.
De esta manera, el millonario acuerdo que fue presentado como una alternativa para acelerar las inversiones que necesita el Caribe quedó ahora bajo la lupa de la Procuraduría. La información que entreguen Air-e y la Superservicios será clave para establecer si la financiación por hasta $1 billón cumple con todos los requisitos legales y financieros y, sobre todo, qué impacto tendrá sobre el futuro de la empresa y el bolsillo de los usuarios.
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