El pasado sábado 23 de agosto en el barrio Villa Olímpica de Galapa, un voluntario de la Defensa Civil fue asesinado en un intento de robo que conmocionó a la comunidad.
La víctima fue identificada como Jesús María Hernández Romero, de 48 años, con más de 18 años de servicio voluntario activo.
Según versiones recogidas por diferentes medios, Hernández Romero había retirado 40.000 pesos en un corresponsal bancario, con los que planeaba comprar alimentos.
Cerca de las 6:10 p.m., dos delincuentes que transitaban en una motocicleta lo interceptaron en la intersección de calle 7D con carrera 61. Al resistirse al robo, uno de los atacantes lo agredió directamente en el pecho con un destornillador, causándole una herida letal en el corazón.
Se informó que fue ingresado a la clínica IMEDCO Caribe IPS sin signos vitales y su fallecimiento fue confirmado minutos después.
Profundo pesar y preocupación por inseguridad
Su muerte ha generado un profundo pesar y fuertes críticas por parte de autoridades, familiares y vecinos. El mayor (r) Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, calificó el hecho como “un vil asesinato”.
Expresó: “Le quitaron la vida por 40.000 pesos, que no es nada… Jesús era un hombre de corazón humilde, servicial, con amplias capacidades. No es justo que una persona tan buena pierda la vida de esa manera.”
Hace apenas quince días, Hernández Romero había colaborado activamente en la entrega de agua potable en Villa Olímpica, como parte de una labor comunitaria ante fallas en el suministro.
Era conocido por su experiencia en atención prehospitalaria, rescate, alojamiento temporal de víctimas y prevención de desastres. Además, integraba la Junta Cevillar en Barranquilla.
Tras el crimen, vecinos denunciaron un auge en casos de atracos y criticaron la disminuida presencia policial en la zona. Muchos expresaron su indignación a través de redes sociales, advirtiendo que ya no se puede caminar tranquilo ni siquiera por unos pocos pesos.
Las investigaciones de las autoridades
Fuentes oficiales informaron que la Policía Nacional ya está revisando cámaras de seguridad y adelantando las pesquisas correspondientes con el fin de identificar y capturar a los responsables.
Este caso plantea cuestiones de orden judicial y social. Desde el punto de vista penal, el uso de un arma punzo‑cortante (destornillador) para causar la muerte en medio de un atraco configura un homicidio agravado por alevosía, que exige una investigación expedita y la judicialización eficaz de los implicados.
Para la comunidad, la indignación frente a un crimen perpetrado por unos pocos pesos es un llamado urgente a reforzar la seguridad. El asesinato de alguien con una trayectoria de servicio y altruismo exacerba el reclamo de una respuesta estatal firme, que incluya mayor presencia policial, monitoreo más efectivo y políticas de prevención del delito.

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