Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos.

La propuesta para reformar “Obras por Impuestos” y agilizar la reconstrucción tras el sismo

En un esfuerzo por acelerar la recuperación de las zonas devastadas por el reciente terremoto, el Grupo Argos y la Federación Colombiana de Municipios han planteado al Gobierno Nacional una propuesta para transformar y ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos.

Esta iniciativa busca que el sector privado asuma un rol protagónico y directo en la ejecución de proyectos críticos de infraestructura y vivienda, evitando los cuellos de botella administrativos del recaudo fiscal convencional.

La esencia de la propuesta radica en permitir que las empresas contribuyentes ejecuten directamente los proyectos en las zonas afectadas, en lugar de consignar los recursos al fisco y esperar la posterior redistribución estatal.

Según Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, este esquema resulta significativamente más expedito y eficiente que el sistema de recaudo tradicional. Calle respaldó esta postura citando el éxito de la compañía en Antioquia, donde ya han estructurado cerca de 50 iniciativas bajo esta modalidad.

Actualmente, el mecanismo de Obras por Impuestos permite a las empresas destinar un porcentaje de su impuesto sobre la renta a proyectos de impacto social en zonas vulnerables (ZOMAC y PDET), ya sea mediante encargos fiduciarios o convenios directos que se compensan con títulos tributarios.

Flexibilización de techos y geografía

Para enfrentar la magnitud de la emergencia, los proponentes solicitan cambios estructurales temporales. Por ejemplo, en cuanto a la capacidad de inversión, la Federación Colombiana de Municipios ha pedido que se habilite, de manera excepcional, que las empresas puedan destinar hasta el 50% de su impuesto a cargo a proyectos de reconstrucción.

También proponen levantamiento de restricciones territoriales. Se busca eliminar la limitación que hoy circunscribe estas inversiones únicamente a municipios ZOMAC o territorios PDET. Esto permitiría que el capital privado financie infraestructura en cualquier localidad damnificada por el movimiento telúrico.

La reforma permitiría intervenir no solo en infraestructura vial y educativa, sino también en vivienda residencial, comercio, salud y sectores productivos.

El Gobierno bajo análisis

La propuesta ha tenido eco en el Gobierno Nacional. El equipo económico del presidente Abelardo De La Espriella ya se encuentra estudiando esta alternativa como una vía para incorporar una mayor participación privada en la recuperación nacional.

El análisis oficial contempla ampliar tanto la aplicación del mecanismo como el techo presupuestal establecido actualmente para estas obras.

De aprobarse, el plan priorizaría la recuperación de vías, parques, hospitales, escuelas y colegios, además de otras instalaciones públicas esenciales que sufrieron daños severos. La implementación final dependerá de las modificaciones normativas que el Gobierno decida adoptar en los próximos días para atender la emergencia.