La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció su respaldo a la propuesta del Ministerio de Minas y Energía para implementar un pequeño aporte transitorio en la tarifa de energía, medida que tiene como objetivo principal cubrir las deudas de la empresa Air-e y prevenir un impacto sistémico que ponga en riesgo el Sistema Interconectado Nacional.
Se trata de un aporte mínimo para blindar la estabilidad del sistema energético colombiano. La resolución, respaldada en argumentos técnicos, jurídicos y financieros, establece que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) definirá el mecanismo para que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales recaude ocho pesos por kilovatio-hora ($8/kWh).
De acuerdo con la Superservicios, este recaudo tendrá un impacto aproximado de tan solo el 1 % en la factura de los usuarios, y los montos obtenidos serán distribuidos directamente entre los acreedores de la comercializadora intervenida.
La urgencia de este mecanismo surge debido a que otros intentos por cubrir el déficit financiero de Air-e, como los proyectos de Ley de Financiamiento impulsados por el gobierno, no han recibido el trámite correspondiente en el Congreso de la República.
Ante esta situación, el Gobierno ha buscado alternativas de corto y mediano plazo para asegurar que la prestación del servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira cumpla con los principios de continuidad y eficiencia establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994.
Resultados de la intervención
En medio de la profunda crisis financiera que afecta a Air-e y que con el pasar del tiempo se agudiza, la Superservicios reportó algunos avances en favor de los usuarios.
Por ejemplo, mencionó que se logró una disminución de la tarifa en más del 25 % durante el primer año de intervención. Precisó que a enero de 2025, el valor del kilovatio-hora en Air-e se sitúa en $796, lo que representa $80 por debajo del promedio nacional ($876 registrados en diciembre de 2025).
Mencionó también que la gestión técnica ha permitido una negociación eficiente en la compra de energía para 2026, priorizando precios justos para los usuarios del Caribe.
Además de este salvamento financiero, el Gobierno Nacional continúa impulsando políticas complementarias como las Comunidades Energéticas y el programa Colombia Solar para democratizar el servicio y mitigar los costos derivados de las pérdidas de energía.
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