La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la suspensión temporal de tres meses, prorrogable, del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y de Wílmar Mejía, director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La drástica medida disciplinaria se toma en el marco de una investigación preliminar que escaló a suspensión este jueves, debido a la presunta participación de ambos funcionarios en la infiltración que habría realizado la disidencia de alias ‘Calarcá’ en el Ejército y en las estructuras de inteligencia del Estado. El procurador Gregorio Eljach ha calificado el escándalo como “de suma gravedad”.
El auto que ordena la separación temporal de los cargos argumenta que la medida es necesaria porque Huertas y Mejía podrían influir en la indagación disciplinaria que adelanta una procuraduría de instrucción. La suspensión tiene una duración inicial de tres meses.
El ente de control abrió la investigación hace tres días con el objetivo de recopilar pruebas. Entre las diligencias ordenadas, la Procuraduría solicitó al DNI confirmar la adscripción de Mejía a la entidad y pidió a la Fiscalía informar sobre las actuaciones en curso, todo con el fin de esclarecer los hechos e identificar a los posibles responsables.
Las pruebas y las acusaciones
Los funcionarios están bajo la lupa tras revelaciones hechas por Noticias Caracol, basadas en correos y archivos hallados en los computadores del cabecilla disidente, alias Calarcá, tras su captura.
Según la información publicada, estos dispositivos electrónicos contienen chats, fotos y documentos que indicarían cómo las disidencias recibieron información sobre operativos y movimientos de las Fuerzas Armadas y la propia Fiscalía.
En los archivos, Huertas y Mejía son señalados como presuntos colaboradores que habrían filtrado información sensible al grupo ilegal con el fin de evadir controles de la Fuerza Pública y blindar sus desplazamientos, incluso mediante empresas de seguridad fachada.
Detalles de los señalamientos
Se afirma que Juan Miguel Huertas, quien fue reintegrado este año por el gobierno Petro como comandante del Coper pese a haber salido previamente por vínculos con grupos ilegales, se habría reunido con emisarios de alias Calarcá.
En estos encuentros, Huertas supuestamente discutió posibles pactos de no agresión entre el Ejército y el grupo criminal. Además, una carta de 2024 de un delegado de la facción disidente a Calarcá menciona que Huertas les propuso la creación de una empresa de seguridad fachada, anticipándose al fracaso de los procesos de paz con el gobierno actual.
El jefe de inteligencia de la DNI (actualmente el tercero al mando de la entidad) también habría filtrado datos reservados. Un cabecilla disidente entrevistado anónimamente por Caracol confirmó que Mejía se habría reunido con alias “Richard”, comandante del Bloque Magdalena Medio, en Venezuela. A Mejía también se le identifica en los archivos como alias “El Chulo”.
Defensa de los implicados
Ambos suspendidos han negado rotundamente los señalamientos, asegurando que siempre han actuado dentro de la ley, sin haberse reunido con disidencias ni haber entregado información sensible.
El director del Coper, Juan Miguel Huertas, señaló que los archivos no poseen credibilidad y negó ser colaborador de las disidencias o haberse reunido con ellos en Venezuela.
Por su parte, Wílmar Mejía ofreció una defensa, sugiriendo que las estructuras criminales hacen su propia inteligencia y pudieron haberlo identificado como alguien con buena relación con las Fuerzas Militares.
Mejía dijo: “Alguien lo podrá interpretar como que Wilmar Mejía es colaborador de estructuras ilegales… y el otro es que ellos con su inteligencia también dicen, ese es un colaborador de las Fuerzas Militares y podemos estar corriendo peligro”.
Es importante destacar que la Procuraduría no es el único ente de control activo. Los funcionarios también están bajo la lupa de la Fiscalía, que busca establecer las responsabilidades de los mencionados en el informe.
La Fiscalía investigará a Huertas a través de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema, mientras que a Mejía lo indagarán agentes de otra dependencia, al no contar con fuero de alto funcionario.
Pese a esta nueva acción de la Procuraduría, el Presidente de la República no se ha pronunciado, aunque en trinos anteriores había cerrado filas con los implicados, tachando las denuncias de falsas e insistiendo en que son una reacción a la gestión de su gobierno contra la corrupción en las fuerzas militares.
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