Ley de Competencias: plata se distribuirá para cerrar brechas territoriales

Darío Indalecio Restrepo, director de la Misión de Descentralización, ha delineado los criterios fundamentales que guiarán la distribución de recursos en la propuesta de Ley de Competencias, destacando que el objetivo principal es luchar contra la desigualdad histórica asumiendo sus geografías para lograr una geografía enfocada en la equidad, el desarrollo y la inclusión.

La justificación del gasto público, que asciende a cerca de 100 billones de pesos este año en el Sistema General de Participaciones (SGP), deberá tener la lógica de cierre de brechas.

Durante su intervención en el Foro Descentralización, Competencias y Autonomía regional, llevado a cabo este viernes en la Universidad Simón Bolívar, Restrepo enfatizó que la Constitución establece que el SGP debe ser un mecanismo de compensación de las desigualdades.

Por ello, la Ley de Competencias busca expresar este mandato, orientándose al cierre de tres tipos de brechas: sectoriales, institucionales y económicas.

El director de la Misión, que es liderada por liderada por la Dirección de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal del Departamento Nacional de Planeación, subrayó la diferencia crucial entre distribución y asignación.

El criterio de distribución de recursos monetarios debe atender a las geografías de la desigualdad. Para ello, se considerarán diversos factores, incluyendo la pobreza, prevalencia ambiental, ruralidad, población dispersa, concentración étnica, los territorios de guerra y paz, y los municipios de menor población y categoría.

Expuso que históricamente, los criterios de distribución han fallado, castigando a las periferias, como el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y el Caribe, y premiando el desarrollo económico previo y la cantidad de población en los centros.

En el enfoque de la nueva ley

En materia de distribución, en la Ley de Competencias se debe demostrar que de manera progresiva se atienden las coberturas universales y se velan por los derechos.

En lo que respecta a la asignación, sostiene que debe usarse para cerrar las brechas fundamentales en los sectores prioritarios.

Recordó que los sectores prioritarios que manda la Constitución son: salud, educación y agua potable para consumo humano y saneamiento básico. En estos, el cuerpo de la ley ha sido desarrollado de manera más extensa.

Por ejemplo, en salud, las inversiones deben atender la geografía de la demanda y de indicadores críticos como la mortalidad materno-infantil. En educación, se buscan mejorar las pruebas Saber, los años de escolaridad y el equipamiento de los colegios.

Lucha contra centralismo y brechas institucionales

Restrepo advirtió sobre el centralismo del Estado y la falta de información sistematizada a nivel nacional para medir las brechas territoriales por sector y justificar las inversiones públicas.

Explicó que, para combatir las brechas institucionales y el colonialismo centralista, la ley propone tres maneras de abordaje:

Distribución por Capacidad

Se busca dar más recursos a las entidades territoriales que tienen menor capacidad institucional, medida por indicadores como la capacidad para cobrar impuestos o ejecutar proyectos.

Explicó que esta aproximación constituye una discriminación positiva para apoyar la creación de capacidades, reconociendo que, de otra manera, la competencia de recursos siempre la ganarían las entidades más desarrolladas como Barranquilla o Medellín, por ejemplo.

Cooperación Técnica

Se busca transformar la asistencia técnica, la cual percibe a las entidades asistidas como “incapaces,” hacia un concepto de cooperación técnica digna.

Esto implica construir diagnósticos específicos y enfocarse en procesos de mejora en conjunto con la administración y la gente, superando la estandarización y la simple solicitud de informes.

Asociatividad

Se insiste en la necesidad de promover la mancomunidad entre municipios para la prestación de servicios, la planeación alrededor de temas como el agua o la economía, y para superar la dispersión de recursos y del sistema político.

Reto del modelo económico y visión a largo plazo

Darío Indalecio Restrepo señaló que el problema de la desigualdad se agrava porque el modelo de desarrollo colombiano es concentrador, centralizador y monopólico.

Dice que la lógica de la discusión actual se enfoca en “cuánta plata hay para repartir” y no en la producción o la ampliación del mercado nacional a través de los mercados territoriales.

Para enfrentar esto, la propuesta busca que el nivel departamental deje de ser el eslabón débil y contribuya a la ampliación del mercado nacional a través de sistemas territoriales, condicionando los recursos a planes de desarrollo con enfoque de cierre de brechas que promuevan la asociatividad a largo plazo (10 a 15 años).

Un acuerdo virtuoso

Restrepo concluyó destacando que, a pesar de las controversias y las presiones por incorporar más sectores, la reforma constitucional logró un acuerdo virtuoso basado en el trípode de: autonomía, cerrar brechas y equilibrio fiscal.

La implementación de esta reforma se ha proyectado para ser gradual a 12 años, lo que permitiría atravesar tres gobiernos y construir un sistema de gobernanza para la gran reforma territorial del Estado.

Remarcó que este proceso ha incluido un amplio diálogo social con gremios, expertos nacionales e internacionales, y pueblos indígenas, con el fin de incorporar el mayor acuerdo posible.

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