La Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe manifestó su rotunda oposición a las nuevas sanciones económicas implementadas por el gobierno nacional para penalizar el aumento en el consumo de energía eléctrica.
El gremio califica esta medida de “arbitraria, injusta y desproporcionada”, advirtiendo sobre el severo impacto social y de salud que acarreará, especialmente para los habitantes del norte del país.
La medida sancionatoria se remonta a la propuesta inicial del gobierno de Gustavo Petro bajo la Resolución CREG 101 120 del 30 de julio de 2026. Esta iniciativa fue ratificada y postergada apenas unos días en su entrada en vigencia por el gobierno actual mediante la Resolución CREG 101 126 del 21 de agosto de 2026.
La norma busca desincentivar la demanda nacional aplicando cobros adicionales en el costo del kilovatio-hora a aquellos hogares que sobrepasen en más de un 10% el promedio de su consumo del último año.
El Caribe ante un dilema de salud: el calor no es un lujo
La Liga de Usuarios sostiene que la aplicación de una fórmula generalizada para todo el territorio colombiano resulta profundamente inequitativa, ignorando las realidades climáticas de la región Caribe.
Asegura que en una zona azotada constantemente por temperaturas extremas y los efectos del fenómeno de El Niño, reducir el consumo eléctrico no es una opción viable sin arriesgar la vida.
La organización argumenta que el uso de artefactos de ventilación y de refrigeración mecánica no responde a un consumo suntuario, sino a una absoluta necesidad de supervivencia frente al “calor infernal” de la región. Imponer barreras económicas al uso de estos equipos somete a los usuarios a graves peligros de salud y compromete directamente la conservación de alimentos y medicamentos de primera necesidad.
Errores técnicos y la inoportunidad de la norma
Desde una perspectiva técnica, el gremio señala que la metodología para fijar las metas de ahorro es tramposa y perjudicial. Al tomar como referencia el promedio de consumo de los últimos doce meses, el Gobierno incluye meses de climas templados o de menor consumo dentro del cálculo de la meta individual de cada hogar.
Añade que esto tiene como consecuencia una reducción artificial de la base de consumo, provocando que los usuarios comiencen a ser sancionados mucho antes. Para la organización, el parámetro de cobro o ahorro debería calcularse a partir del consumo típico de la temporada de calor y no mediante un promedio anual.
Asimismo, la Liga tacha la medida de “inoportuna”, recordando que el país cuenta desde hace años con la Ley de Uso Racional de Energía (Ley URE). Dicho marco legal establece que la eficiencia energética debe promoverse mediante campañas pedagógicas constantes y de largo plazo destinadas a crear hábitos de consumo, en lugar de ser una reacción apresurada y punitiva ante crisis inmediatas.
Doble tributación: sanciones sobre tarifas que ya son costosas
La agremiación enfatiza que la legislación de servicios públicos en Colombia (Ley 142 de 1994) ya prevé sobrecostos para quienes consumen en exceso. Actualmente, los estratos 1, 2 y 3 reciben tarifas subsidiadas únicamente hasta el límite de subsistencia, fijado para la Costa Caribe en 173 kilovatios-hora.
Quien supere este límite ya debe pagar tarifas plenas sin subsidio, lo que representa un aumento inmediato del 60% más para el estrato 1, 50% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3. Asimismo, los consumos calificados como “suntuarios” para los estratos 4, 5, 6 y el sector comercial (superiores a los 356 kWh) ya reciben tarifas elevadas ordenadas por la CREG.
Por lo tanto, la Liga Nacional de Usuarios rechaza tajantemente la imposición de nuevos sobreprecios acumulativos, los cuales contemplan un sobrecargo del 30% para los estratos 1, 2 y 3 que superen el 10% de su promedio del último año, un sobrecargo del 50% para los estratos altos (4, 5 y 6) y un sobrecargo del 70% para el sector comercial y las pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
De acuerdo con el gremio, este nuevo esquema tarifario representa un golpe devastador no solo para la economía de los hogares más vulnerables, sino también para la productividad de las Mipymes de la región Caribe, las cuales ya deben lidiar con tarifas de energía históricamente asfixiantes.
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