El Ministerio de Educación Nacional ha tomado una drástica medida al ordenar la vigilancia especial sobre la Universidad del Atlántico, citando presuntas irregularidades detectadas en el proceso de elección de rector.
Esta decisión responde a una serie de hallazgos que han generado una crisis de confianza y transparencia en la institución de educación superior.
Según la cartera de Educación, la medida fue activada tras encontrar serias inconsistencias que apuntan a posibles vulneraciones al debido proceso y a la integridad institucional.
El Ministerio informó que, tras sus indagaciones, se documentaron varias anomalías críticas, como inconsistencias en la experiencia académica certificada por uno de los aspirantes al cargo de rector. Adicionalmente, se detectaron documentos contradictorios relacionados con su trayectoria docente y directiva.
Igualmente, se identificaron acciones disciplinarias inusuales y de alto impacto que fueron instauradas contra integrantes del Comité Electoral. Estos miembros habían reportado previamente las anomalías al Ministerio, lo que despertó alertas sobre un posible uso indebido de los mecanismos disciplinarios dentro de la universidad, señaló el Ministerio.
A esto se suma, según la citada cartera, la falta de colaboración y transparencia por parte de la institución. Durante una visita preventiva, el Ministerio constató que la Universidad del Atlántico no ha entregado la totalidad de los soportes solicitados, incluso aquellos necesarios para verificar requisitos básicos de los candidatos a la rectoría. “Esta carencia de respuesta oportuna afecta directamente la confianza institucional y activa las medidas previstas en la Ley 1740”, argumenta el Mineducación.
Objetivos y alcance de la vigilancia
El Ministerio enfatizó que la vigilancia especial no constituye una intervención, sino un mecanismo de supervisión permanente sobre el proceso institucional. Las medidas preventivas dictadas incluyen vigilancia permanente sobre las gestiones administrativas y financieras de la universidad, ante la crisis que se ha presentado.
El MEN detalló los objetivos inmediatos de esta nueva supervisión, así: Garantizar la legalidad del proceso de elección de rector, proteger a los funcionarios que han informado sobre las irregularidades, asegurar el acceso completo a la información requerida por la autoridad de inspección y restablecer la confianza en los procedimientos internos de la Universidad.
La cartera educativa señaló que la vigilancia especial busca asegurar que la Universidad del Atlántico avance en un ambiente de transparencia, respeto por la comunidad universitaria y cumplimiento estricto de la ley. El Ministerio recalcó su intención de preservar la autonomía de la institución, pero evitar cualquier vulneración al debido proceso y a la integridad institucional.
La implementación de acciones legales
La crisis en Uniatlántico también está marcada por acciones legales externas a la vigilancia del Ministerio. El abogado y docente universitario Jeofrey Troncoso interpuso una demanda de nulidad electoral contra la reciente designación del rector Leyton Barrios.
Esta demanda se fundamenta en que el proceso de elección habría violado la Ley 581 de 2000, conocida como la Ley de Cuotas, la cual exige garantizar la participación equilibrada entre hombres y mujeres cuando la designación de un cargo público se realiza mediante listas de elegibles.
Según Troncoso, el sistema adoptado por la universidad, que selecciona a los cinco candidatos con mayor votación, desconoce la obligatoriedad de conformar la lista con igual número de hombres y mujeres.
La acción legal solicita al Tribunal Administrativo del Atlántico que declare la nulidad de la elección y ordene la suspensión provisional de la designación. El Tribunal ya corrió traslado de la medida cautelar al rector y al Consejo Superior, quienes tienen cinco días para responder antes de que se decida si se concede o no la suspensión.
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