Al reaccionar a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del 23.7 % al salario mínimo para el año 2026, el presidente Gustavo Petro anunció que, aunque la respetará, la nueva normativa que debe expedirse en un plazo de ocho días se basará en los mandatos de la Constitución Nacional.
El mandatario calificó la medida del alto tribunal como un riesgo para el poder adquisitivo de los trabajadores y una amenaza que podría derivar en un aumento del hambre y la desnutrición infantil.
El jefe de Estado fue enfático al señalar que, si bien respetará la decisión del magistrado Juan Camilo Morales, su actuación estará guiada por la carta magna.
“El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución. Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, afirmó Petro, subrayando que la orden judicial no puede anular las prerrogativas del Gobierno en materia salarial ni deteriorar el ingreso de los ciudadanos.
Para cumplir con el requerimiento de presentar un nuevo decreto transitorio en un término de ocho días, el mandatario instruyó al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para adelantar una reunión de concertación de urgencia.
En este espacio se analizarán las últimas mediciones económicas que, según el Ejecutivo, demuestran que el aumento del salario ha tenido una incidencia marginal en la inflación de alimentos, desplazando la responsabilidad del desempleo y el costo de vida hacia las altas tasas de interés.
El llamado a la movilización
Más allá de la respuesta jurídica, el presidente Petro elevó el tono político al invitar al pueblo trabajador a expresarse y defender el decreto inicial en las calles.
Desde su administración se ha convocado a la coordinación de movimientos sociales para estudiar la postura del Gobierno frente a lo que consideran una medida antisocial.
“El poder judicial debe saber que el Gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución nacional”, indicó el mandatario, quien advirtió que disminuir la demanda de alimentos esenciales por una reducción salarial sería un acto profundamente anticonstitucional que detendría la economía nacional.
Finalmente, lanzó un mensaje al sector empresarial, señalando que “el gran capital dirá si al fin quiere un pacto social o el enfrentamiento social y político”.
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