El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, anunció hoy desde la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, una robusta estrategia institucional destinada a ampliar la vigilancia y protección del proceso electoral en Colombia, denominándolo un “laboratorio de protección a las elecciones”.
Paralelamente, el jefe del Ministerio Público hizo un enfático llamado a la acción coordinada del Estado para frenar la violencia contra las poblaciones más vulnerables, especialmente mujeres y niñas.
El alto funcionario participó en el XI Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: “Construcción de Ciudades de Paz: Perspectivas desde la Diversidad, la Justicia y la Inclusión”.
Eljach detalló que la decisión de reformar el esquema de vigilancia surge a raíz de dos fenómenos preocupantes: el incremento inusual en las inscripciones de cédulas en varios municipios del país y el aumento de la violencia en zonas críticas como el Catatumbo.
La nueva estrategia, que servirá de prueba piloto de cara a futuras votaciones como las de 2026, comenzará su implementación de inmediato, apuntando a las consultas de los partidos, la elección del Congreso en marzo, la primera vuelta presidencial en mayo y la eventual segunda vuelta en junio.
Para liderar esta nueva faceta de control, el procurador posesionó este jueves al nuevo procurador José María Sarmiento, quien se encargará de los asuntos técnicos de las elecciones.
“Tenemos una organización que vamos a estrenar. Vamos a hacer un laboratorio de protección a las elecciones con mira a las demás votaciones que vienen,” expresó el procurador.
Supervisión de los puntos de votaciones
La vigilancia institucional ya no se limitará únicamente a las autoridades electorales y funcionarios públicos, sino que ampliará su función a actividades técnicas como la supervisión de los puntos de votaciones, la seguridad y la entrega de tarjetones.
Eljach subrayó que las alertas buscan proteger la legitimidad democrática, destacando que casi la mitad de los ciudadanos se registraron en cuatro departamentos más el Distrito Capital: Antioquia, Meta, Cundinamarca y Norte de Santander. Estos lugares, apuntó Eljach, coinciden con fenómenos estructurales de violencia rural.
El procurador detalló casos específicos que sugieren la necesidad de prevenir el trasteo de electores. Entre los municipios con incrementos más destacados están Puerto Gaitán, Meta (80%); La Jagua del Pilar, La Guajira (44%); y Acacías, Meta (23.3 %).
Urgente acción coordinada para proteger a mujeres y niñas
Además del foco electoral, el procurador general Gregorio Eljach reiteró la necesidad de una acción coordinada del Estado para prevenir las violencias que afectan a las poblaciones más vulnerables, especialmente las mujeres y niñas víctimas de explotación y abuso.
El panorama revelado por Eljach es alarmante: el 79.3 % de las víctimas de explotación son mujeres. De estas, el 60.9 % han sido sometidas a explotación sexual.
Para enfrentar esta realidad, Eljach anunció el lanzamiento de una estrategia nacional de sensibilización y actualización. Esta medida estará dirigida a procuradores judiciales y defensores locales de la Defensoría del Pueblo, e incluirá un enfoque territorial y de género.
La prevención también se fortalece mediante la Comisión Nacional del Ministerio Público, la cual fue creada en conjunto con la Defensoría del Pueblo para garantizar una respuesta expedita a las alertas tempranas. Esta comisión se encarga de realizar un seguimiento sistemático a las alertas emitidas por la Defensoría, priorizando el cumplimiento de sus recomendaciones y promoviendo la acción articulada del Estado.
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