La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública exhortó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a retomar y continuar el proceso de deslinde entre Barranquilla y Puerto Colombia.
Lo anterior, ante la prolongada controversia jurídica y técnica entre estos dos entes territoriales por el denominado corredor universitario, y en virtud de la competencia técnica del IGAC para establecer un límite transitorio o provisional, mientras el Congreso de la República define de forma definitiva la situación territorial.
La controversia abarca más de 1.400 hectáreas de terreno que fueron incorporadas por la Asamblea Departamental al municipio de Puerto Colombia. Sin embargo, esa decisión fue anulada por el Consejo de Estado mediante sentencia de segunda instancia, que confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico.
El conflicto, que suma casi tres décadas, se ha agudizado en los últimos años con nuevos alegatos por parte de ambas jurisdicciones. Incluso, el proceso de deslinde adelantado por el IGAC fue suspendido tras la presentación de un derecho de petición por parte del Distrito de Barranquilla.
En vista del limbo jurídico y administrativo generado por la controversia, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo con el propósito de impulsar soluciones institucionales que contribuyan a resolver el litigio y permitan al Congreso ejercer su competencia en materia de definición de límites intermunicipales. Esta iniciativa se enmarca en la función preventiva del Ministerio Público y en su propósito de promover el diálogo y la construcción de consensos entre las partes involucradas.
Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades locales para que asuman con voluntad y responsabilidad los acercamientos necesarios, en aras de lograr una solución definitiva que permita establecer con claridad la línea divisoria, eliminando la incertidumbre que hoy afecta la gestión territorial en la zona.

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