Procuraduría indaga actuaciones del ministro Edwin Palma en Air-e

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una actuación preventiva en la empresa de energía Air‑e, intervenida por el Estado, para investigar presuntas irregularidades que involucrarían al actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante su gestión como agente especial de la compañía.

Mediante oficio dirigido a la Superintendencia de Servicios Públicos, la Procuraduría solicitó documentación detallada sobre los siguientes temas:

Nombramientos en cargos directivos, gerenciales y de confianza, incluyendo la contratación del primo del ministro, Juan Pablo Nieto Egea como gerente de contabilidad, lo que implica nepotismo y por ende constituir un conflicto de intereses por consanguinidad.

Igualmente, verificación de posibles inhabilidades, incompatibilidades o vínculos previos entre Palma y su familiar nombrado.

Contratos suscritos entre octubre de 2024 y agosto de 2025, incluyendo objeto, contratista, valores, modalidad de selección, justificación técnica y jurídica especialmente en procesos adjudicados a empresas de reciente constitución o sin experiencia en el sector energético.

Manejo del Fondo Empresarial y pagos realizados desde septiembre de 2024, con desglose del destino de los giros y criterios de priorización.

La Procuraduría aclaró que la actuación preventiva busca anticiparse a hechos que vulneren derechos o amenacen el ejercicio ético de la función pública, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión y la política pública.

Señalamientos adicionales

El escenario investigativo comprende además varias denuncias previas, como la firma de un contrato multimillonario a una empresa de reciente creación.

Se trata del contrato C001‑2025, suscrito el 25 de febrero de 2025 con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), cuyos representantes fueron Macro Integral Soluciones S.A.S., constituida apenas 20 días antes, contratación que llamó la atención por la falta de experiencia técnica, capital limitado (20 millones de pesos) y objeto social ajeno al sector eléctrico.

Adjudicación y anticipos sin respaldo: La empresa recibió anticipos que suman más de 14 mil millones de pesos, pese a que no se habían entregado los materiales, lo que motivó la suspensión del contrato por parte del nuevo interventor.

Sede domiciliada en vivienda: El consorcio fue domiciliado en una residencia del sur de Bogotá, sin infraestructura aparente —y el contrato fue objeto de suspensión y fiscalización por parte de la Fiscalía.

Posible maquillaje de cifras contables: Se denunciaron diferencias abismales entre lo reportado por el gerente contable (primo de Palma), solo 18 millones de pesos en subsidios pendientes, frente a los 335 mil millones que reportó Palma en su diagnóstico oficial.

Lo que ha dicho el ministro

El ministro Edwin Palma ha rechazado los señalamientos, argumentando que Air‑e opera bajo normas de derecho privado y exigiendo a la Fiscalía esclarecer los hechos.

Sin embargo, una circular de la Superservicios advierte que los agentes especiales responden por la gestión de la intervención como servidores públicos.

El caso representa un desafío político para el Gobierno de Gustavo Petro, ya que afecta a uno de sus ministerios clave justo en un contexto de crisis energética en la Costa Caribe.

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