El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico aprobó la apertura de una actuación administrativa para dar claridad al proceso de elección del rector Leyton Barrios, elegido para el periodo 2025–2029 en sesión realizada el pasado 29 de octubre.
Esta decisión se da tras la denuncia del Ministerio de Educación sobre la falsificación de certificados de experiencia laboral como docente por parte del seleccionado, y luego que se designara una inspectora in situ para vigilar de cerca todas las actuaciones administrativas y académicas en la institución de educación superior, que se encuentra en una severa crisis.
La decisión sobre la actuación administrativa, busca despejar dudas sobre lo actuado, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.
Durante una extensa sesión de diez horas, se debatieron dos propuestas: Iniciar actuación administrativa para resolver la solicitud de revocatoria directa del acto de designación de Leyton Barrios, conforme a lo establecido en el artículo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Y la otra consistía en trasladar al rector los documentos presentados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para su evaluación y decisiones correspondientes. Finalmente fue acogida la primera iniciativa con cinco votos a favor.
El presidente del Consejo Superior y gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, subrayó que el propósito es garantizar transparencia en el proceso y reafirmar la defensa de la autonomía universitaria, al asegurar que los programas académicos se desarrollen sin contratiempos.
Traslado a autoridades competentes
El gobernador Verano dio instrucciones al secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Náder Orfale, para que dé traslado a las autoridades competentes de los informes de presuntas falsedades que ha presentado el Ministerio de Educación Nacional durante el Consejo Superior.
De la misma manera, para que la Gobernación del Atlántico realice las acciones administrativas y judiciales con miras a revisar la validez de la designación del rector.
Con esta decisión, el Consejo Superior inicia un proceso administrativo que permitirá esclarecer el procedimiento de designación y garantizar que las actuaciones institucionales se ajusten a la legalidad y a los principios de transparencia que rigen la Universidad del Atlántico.
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