Tarifas de energía, una bomba de tiempo, ¿quiénes son los responsables?

• Por SANTOS SUÁREZ BADILLO
• Director de EL NORTE y elnorte.com.co

El problema de las altas tarifas de energía en la Costa Caribe sigue golpeando duramente el bolsillo de los habitantes de esta región, quienes con impotencia soportan el impacto mensual que representa el tener que pagar estos valores tan elevados.

Usuarios residenciales, comerciantes e industriales hace más de un año y medio vienen siendo afectados por esta situación que pareciera no tener solución a la vista.

A pesar de anuncios del gobierno central, pronunciamientos de autoridades locales y el angustioso llamado de la comunidad, nada cambia y mes a mes llega lo que para millones de personas de la región es una verdadera pesadilla: el recibo de la luz.

Y en medio de este escenario, por diversas razones, la mayoría de la gente no tiene clara la razón o razones de esta disparada de las tarifas en los departamentos del Caribe colombiano. Ni tampoco quién o quiénes son los responsables que los caribeños estemos pagando el kilovatio de energía más caro del país.

Todo se remonta al proceso de venta de Electricaribe durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Para que los interesados en el negocio lo vieran más atractivo, se acordó que las inversiones que se hicieran para mejorar el servicio, al final las pagaran los usuarios vía tarifa.

También se definió que las pérdidas por el robo de energía y las llamadas técnicas por las deficiencias de las redes, también las asumiera el usuario final.

Los usuarios han sido sacrificados

Es decir, con tal de salir de Electricaribe y que el servicio lo asumiera otro u otros operadores, se sacrificó a los usuarios. Con estas ventajas tanto EPM, que compró una porción del mercado a través de Afinia, como el empresario Alberto Ríos Velilla, que se hizo a la otra parte con Air-e, se decidieron a comprar.

Ese sacrificio quedó plasmado con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo en el 2019. De manera concreta se incluyó la implementación de un marco regulatorio especial, cuya esencia es que en la medida que vayan invirtiendo van ajustando las tarifas.
La norma dice que se considera urgente adoptar una normatividad tarifaria transitoria especial para la región Caribe, con el fin de hacer viable la prestación del servicio en dicha región, “mientras pueden hacerse las inversiones y las operaciones que permitan la recuperación de la prestación del servicio de energía”.

Y luego la CREG estableció un régimen transitorio especial tarifario, fijando un alto porcentaje de pérdidas reconocidas en las tarifas que debe asumir el usuario en la región Caribe.

El ajuste se ha venido dando, inicialmente leve, pero posteriormente en forma desbordada, hasta el punto que en un momento dado llegó a ser del 50 por ciento y en algunos casos y del 100 por ciento en otros, siendo imposible pagar el recibo para muchísima gente.

Para tener una idea del impacto de la tarifa, cabe recordar que cuando llegó el operador Air-e, hace casi tres años, el kilovatio hora de energía estaba en $498. Hoy está por encima de $900.

La culpa que le cabe a congresistas

El Plan Nacional de Desarrollo es una ley que aprueba el Congreso de la República. Cuando el gobierno pasado incluyó el marco regulatorio especial que hoy tiene contra las cuerdas a los costeños, hubo advertencias sobre el efecto que esta medida tendría en las tarifas, pero fue aprobada.

Y casi la totalidad de los congresistas de la región Caribe lo aprobaron y la mayoría de los dirigentes políticos de esta zona del país, incluyendo los alcaldes y gobernadores de ese entonces no dijeron nada. Hoy todos esos dirigentes están poniendo el grito en el cielo y exigiendo soluciones.

Pero al margen de responsabilidades, es necesario y urgente que se le ponga fin a este grave problema que sin duda es una bomba de tiempo social que en cualquier momento puede estallar. Es hora de ser creativos, entre todos, Gobierno, Congreso, empresas distribuidoras y académicos deben concertar una pronta salida.