El presidente Donald Trump ha endurecido significativamente su postura hacia La Habana, afirmando que Estados Unidos “tomará Cuba casi inmediatamente”.
Estas declaraciones, realizadas durante un acto en Florida el pasado viernes, elevan la tensión en el Caribe a niveles no vistos en décadas, sugiriendo una posible intervención militar en ese territorio.
Durante una cena privada en el Forum Club en West Palm Beach, el mandatario detalló su visión sobre el futuro de la isla. Según Trump, la estrategia consistiría en desplegar una demostración de fuerza naval abrumadora.
El presidente sugirió que enviaría uno de los portaaviones estadounidenses, mencionando específicamente al USS Abraham Lincoln, para que se detenga a escasos 100 metros de la orilla cubana.
“Haremos que se acerque… y ellos (el régimen cubano) contestarán: ‘muchas gracias, nos rendimos‘”, presumió el mandatario ante una audiencia que respondió con aplausos y risas.
No obstante, Trump aclaró que esta acción no ocurrirá de forma inmediata, ya que su prioridad actual es finalizar las operaciones en el Golfo Pérsico. “Acabaremos esta primero, me gusta acabar los trabajos”, afirmó en referencia a la guerra con Irán.
El cerco económico: más que palabras
Más allá de la retórica, la Administración Trump ha respaldado estas amenazas con acciones legales concretas. El mismo viernes, la Casa Blanca publicó una orden ejecutiva que amplía drásticamente las sanciones contra el Gobierno de Cuba, calificando sus acciones como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta nueva medida introduce las denominadas sanciones secundarias, una herramienta flexible que permite a Washington castigar no solo a funcionarios cubanos, sino también a empresas y bancos extranjeros que operen en sectores clave como la minería, la energía y los servicios financieros en la isla.
El objetivo es asfixiar cualquier fuente de divisas del régimen castrista, afectando potencialmente a un gran porcentaje de la población y a sus familiares.
Este endurecimiento ya tiene precedentes en la política de Trump, como el veto de entrada a Estados Unidos impuesto anteriormente a directivos de la cadena española Meliá por sus operaciones en la isla.
Con las nuevas sanciones, cualquier banco extranjero que facilite transacciones significativas con entidades cubanas sancionadas podría enfrentar la congelación de sus cuentas en Wall Street.
Reacciones y apoyo político
La respuesta de La Habana no se hizo esperar. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó lo que calificó como una “amenaza clara y directa de agresión militar”, asegurando que el pueblo cubano no se dejará amedrentar.
Según el funcionario, Trump busca satisfacer a las élites del sur de Florida por intereses electorales y financieros.
En contraste, legisladores republicanos de origen cubano han celebrado la medida. La congresista María Elvira Salazar elogió la “decisión decisiva” de la Administración, declarando que “la era de la política de apaciguamiento ha terminado” y que no permitirán que un régimen aliado de sus enemigos opere tan cerca de sus costas.
Aunque Washington no ha confirmado un plan militar formal, la combinación de amenazas de invasión y un bloqueo financiero total coloca a Cuba en una situación de aislamiento extremo, mientras Trump condiciona el destino final de la isla al desenlace de sus conflictos en Oriente Próximo.
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