Un panorama de perdedores y riesgos económicos, así ve Acopi el aumento del salario mínimo

La decisión del Gobierno Nacional de incrementar el salario mínimo ha generado preocupación en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Según el vicepresidente nacional de Acopi, Jairo Pulecio, las proyecciones del gremio indican que, manteniendo constantes variables como el precio del petróleo y el dólar, la inflación en Colombia podría escalar hasta el 15.7% el próximo año.

Para Acopi, la lista de sectores afectados es extensa y supera por mucho a los posibles beneficiarios. Entre los principales “perdedores” de esta medida se encuentran los trabajadores informales. “Estos representan el 55% de los ocupados, aproximadamente 11.3 millones de personas que no devengan el salario mínimo y, por tanto, no recibirán el beneficio, pero sí sufrirán el alza de precios”, dijo Pulecio.

Expresó que también pierden los pensionados, pues sus ingresos se ajustan con base en la inflación y no según el incremento del salario mínimo, lo que mermará su poder adquisitivo.

Así mismo, las finanzas públicas. “El Estado enfrentará un sobrecosto fiscal derivado de esta decisión”, afirmó el vicepresidente nacional de Acopi.

Añadió que también pierde el sector salud, dado que se prevé un desajuste entre la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) y los crecientes costos de los trabajadores formales.

Y la inversión se verá golpeada por el endurecimiento de la política monetaria.

En contraste, Pulecio señala que los únicos “ganadores” con esta medida son las narrativas de “odio de clase” y las campañas populistas, que promueven propuestas calificadas por el gremio como “absurdas” y alejadas de la realidad del tejido empresarial, donde el 97% son micro y pequeñas empresas con un promedio de cinco empleados.

Tasas de interés e impacto en el empleo

Una de las advertencias más críticas de Pulecio radica en la respuesta del emisor. El dirigente gremial advierte que la decisión provocará un alza en las tasas de interés por parte del Banco de la República. Según el vicepresidente de Acopi, esta medida no busca “bloquear” al Gobierno, sino que es una acción necesaria de la autoridad monetaria para intentar frenar la subida de precios e intentar controlar la inflación proyectada.

Ignora la realidad socioeconómica del país

Por su parte, Rosmery Quintero, presidente del Observatorio Nacional de la Mipyme, calificó la medida como una “irresponsabilidad presidencial que ignora la realidad socioeconómica del país”. Quintero enfatizó que, ante la presión sobre la estructura de costos que supone el incremento, que para 2026 alcanzaría un acumulado del 23%, lo más probable es que el segmento empresarial de las mipymes se vea obligado a desvincular trabajadores.

La ejecutiva dijo que hoy el gasto público es el que está mostrando una mejoría aparente, pero la realidad es otra. “El gran nivel de informalidad que supera el 56%, 11,3 millones de colombianos que devengan menos de un salario mínimo”, expresó.

Quintero señaló que existe un camino jurídico frente a este decreto, argumentando que el presidente está desconociendo los criterios de la Ley 278 al enfocarse exclusivamente en el concepto de “salario vital” de la OIT, sin integrarlo apropiadamente al contexto económico actual de Colombia.