La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) manifestó su profunda preocupación ante el incremento del salario mínimo decretado de manera unilateral por el Gobierno Nacional para el año 2026.
Según el gremio, esta decisión no cuenta con un sustento técnico suficiente y rompe con el principio de concertación social, lo que genera riesgos significativos para la estabilidad de precios y el empleo formal en el país.
El sector de la construcción, al ser una actividad intensiva en mano de obra, recibirá un impacto inmediato. Camacol precisa que la mano de obra representa cerca del 25% de los costos directos de un proyecto. Con el nuevo ajuste salarial, se estima un choque que elevará los costos totales de construcción en aproximadamente un 4%, debido tanto al valor de los salarios como a los efectos indirectos en insumos, transporte y servicios asociados.
Esta presión en la estructura de costos se trasladará inevitablemente al consumidor final. El gremio advierte que el precio de la vivienda podría incrementarse hasta en un 10%, una cifra que dificulta el acceso de los hogares colombianos a una solución habitacional formal.
Uno de los puntos más críticos señalados por el gremio es el efecto sobre la Vivienda de Interés Social (VIS). Dado que el precio máximo de estos inmuebles está legalmente atado al salario mínimo, el ajuste decretado eleva automáticamente el costo de la VIS.
Esto podría expulsar del mercado a miles de familias, especialmente aquellas con ingresos variables o que se encuentran en la informalidad, quienes no perciben el beneficio del aumento pero sí enfrentan un mayor costo de vida.
Mala política
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, fue enfático al calificar la medida: “Es un buen eslogan, pero una mala política”. Herrera señaló que no es viable intentar mejorar el ingreso de los trabajadores formales si esto implica frenar la creación de nuevos empleos y encarecer la vivienda para los sectores más vulnerables.
Finalmente, el gremio reiteró que el salario mínimo no debe ser la única herramienta de política social. Para proteger el ingreso de los colombianos y reducir la pobreza, Camacol propone una estrategia integral que priorice el crecimiento económico, el aumento de la productividad y la generación de empleo formal, garantizando así políticas que amplíen —y no restrinjan— el acceso a una vivienda digna.
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