- Por: Santos Suárez, director de El Norte
En las últimas dos décadas en cada debate electoral ha quedado evidenciada una profunda división de la sociedad colombiana. Esta polarización no se reduce, y por el contrario, crece peligrosamente y se convierte en un factor generador de violencia y de impedimento para un avance sostenido del país.
Reducirla a sus niveles mínimos es una tarea prioritaria del próximo gobierno. Desde el inicio debe tender puentes para acercar a todas las vertientes, en procura de aclimatar un escenario que busque inicialmente bajar la tensión.
El camino no es nada fácil, requiere de paciencia, convicción y persistencia, razón por la cual se deberá contar no solo con un liderazgo decidido a lograr tan trascendental objetivo, sino de un equipo idóneo que le sepa llegar a dirigentes y comunidades política e ideológicamente distantes para ir limando asperezas.
Acabar o reducir al máximo la polarización tiene sus innegables ventajas, por cuanto allana el camino para la toma de decisiones con la participación de la contraparte, consensos que a la postre generan un clima ideal para avanzar en las soluciones a los graves problemas que siguen aquejando a los colombianos.
De esa manera será menos difícil hacerle frente a la corrupción. Disminuirla a su mínima expresión; contrarrestar los elevados índices de inseguridad, acabar la impunidad, resolver los problemas de la salud, crisis fiscal, transición energética, informalidad, relaciones internacionales, infraestructura, pobreza y desigualdad, entre otros.
Crisis fiscal y desaceleración económica
Uno de los principales retos será detener el deterioro de las finanzas públicas. Colombia llega a 2026 con un déficit fiscal cercano al 6,4 % del PIB, uno de los más altos de América Latina, mientras la deuda pública sigue presionando el presupuesto nacional.
Aunque la economía creció 2,6 % en 2025 y 2,2 % en el primer trimestre de 2026, analistas advierten que el impulso proviene principalmente del gasto público y no de una recuperación sólida de la inversión privada o de sectores productivos como construcción e industria.
Un antecedente importante es que, tras la pandemia, Colombia logró recuperar empleo y consumo, pero no consolidó una expansión productiva sostenible. La inflación, además, continúa por encima de la meta del Banco de la República y podría cerrar 2026 alrededor del 6,3 %.
Seguridad y control territorial
El deterioro de la seguridad volvió al centro del debate político. El fracaso parcial de la política de “paz total” dejó cuestionamientos sobre el fortalecimiento de grupos armados ilegales, especialmente en regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó y Arauca.
El próximo gobierno enfrentará el desafío de contener la expansión de disidencias de las FARC, ELN y bandas narcotraficantes, en medio de un aumento de ataques contra la fuerza pública, extorsiones y disputas por corredores del narcotráfico.
El antecedente clave es que Colombia pasó de un escenario de reducción sostenida de violencia tras el Acuerdo de Paz de 2016 a una reconfiguración criminal en varias regiones periféricas.
Pobreza, informalidad y desigualdad
Aunque la pobreza multidimensional cayó al 9,9 %, el nivel más bajo desde que se mide el indicador, persisten profundas brechas regionales y laborales. La informalidad laboral supera el 55% y afecta especialmente a jóvenes y trabajadores rurales.
Aquí el contexto histórico es clave: Colombia ha mantenido durante décadas una de las mayores desigualdades de América Latina. El crecimiento económico no siempre se ha traducido en movilidad social, especialmente en zonas rurales y apartadas.
Crisis energética y transición
Otro frente crítico será el energético. El país enfrenta alertas por el déficit de gas natural, retrasos en proyectos eléctricos, la crisis de Air-e y tensiones alrededor de la transición energética impulsada por el gobierno Petro.
El debate gira entre acelerar energías renovables y mantener la exploración de hidrocarburos para garantizar autosuficiencia y estabilidad fiscal. Esto es relevante porque el sector minero-energético sigue siendo una de las principales fuentes de exportaciones e ingresos tributarios.
El antecedente es que Colombia históricamente dependió del petróleo, carbón y gas para sostener buena parte de sus finanzas públicas. Además, son los hidrocarburos el insumo de la generación térmica, que garantiza firmeza al Sistema Energético Nacional y es garantía de estabilidad eléctrica durante fenómenos de El Niño como el que se avecina.
Salud y crisis institucional
La crisis del sistema de salud será otro desafío central. EPS intervenidas, crecientes deudas y problemas de atención aumentaron la presión sobre hospitales y usuarios.
El antecedente reciente incluye las reformas impulsadas durante el gobierno Petro y la dificultad histórica de los presidentes colombianos para construir mayorías estables en el Congreso.
Otros retos no menores tienen que ver con la expansión y modernización de infraestructura en sectores clave como vías, puertos y aeropuertos.
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