El panorama laboral en Colombia ha entrado en una fase de profunda incertidumbre tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que estableció el aumento del salario mínimo para el año 2026.
La providencia, conocida este viernes 13 de febrero, no solo frena el incremento pactado, sino que ordena al Ejecutivo la expedición de un nuevo decreto en un plazo perentorio de ocho días calendario.
La reacción del Gobierno Nacional no se hizo esperar, encabezada por una fuerte crítica del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sugirió que la actuación del alto tribunal representa una extralimitación de sus funciones al chocar con los preceptos constitucionales.
“Eso va en contra de la Constitución, porque la Constitución dice que hay que buscar es un salario vital más que un salario mínimo”, sentenció el ministro, subrayando que el aumento del 23,78 % se basó precisamente en el concepto de salario vital y el costo de la canasta familiar.
Benedetti manifestó su preocupación por la seguridad jurídica de los trabajadores que ya han percibido sus haberes con el ajuste. “Yo no entiendo cómo un derecho adquirido se puede echar para atrás”, cuestionó.
El alto funcionario calificó además como surrealista la orden de implementar un salario provisional, lo cual, en su opinión, desencadenará problemas “inimaginables” en todas las escalas salariales del país.
Medida precipitada e inaceptable
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se unió al rechazo calificando la medida de precipitada e inaceptable, argumentando que la decisión judicial afecta primordialmente a los trabajadores y no a la administración central.
En la misma línea, sectores afines al Gobierno, como el senador Iván Cepeda, tildaron la suspensión de arbitraria y regresiva, considerándola un atentado directo contra las políticas de bienestar social del presidente Gustavo Petro.
Finalmente, en el plano político, Benedetti reconoció que este fallo judicial trasciende lo jurídico y se convierte en un factor determinante para la contienda electoral, señalando que, involuntariamente, el Consejo de Estado le ha entregado un arma a un sector de los candidatos de la oposición.
El país queda ahora a la espera de un nuevo decreto que intente subsanar el vacío dejado por esta histórica suspensión.
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