La abogada barranquillera y candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en el Atlántico, Andrea Vargas De la Hoz, lanzó una dura crítica contra la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto del salario vital para el año 2026.
La dirigente calificó la medida como un acto eminentemente político, más que técnico o jurídico, señalando que representa un golpe directo al bolsillo de los trabajadores colombianos.
El pronunciamiento surge tras la determinación del alto tribunal de dejar sin efectos, de manera inicial por ocho días, el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro que elevaba el salario mínimo a más de 2 millones de pesos.
Según Vargas De la Hoz, el argumento del Consejo de Estado sobre la falta de fundamentos técnicos es una fachada para una postura política que busca favorecer intereses que sostienen que el empresariado se empobrece si el trabajador gana más.
“La lección más triste de hoy es que es mentira que las altas cortes no toman postura política; la toman”, afirmó la candidata, quien además denunció que esta suspensión es una estrategia de presión para que el Gobierno Nacional retroceda en el incremento del 23.7%.
Vargas De la Hoz sostuvo que existe un “lobby” de congresistas opositores trabajando en contra de esta medida de justicia social.
Mejor salario dinamiza la economía
A pesar de la decisión judicial, la dirigente barranquillera defendió la viabilidad económica del aumento, argumentando que, al mejorar el salario, se dinamiza la economía, aumenta el poder adquisitivo y “todo el mundo gana porque la gente compra más”.
Asimismo, aclaró que no son enemigos de la empresa privada, sino defensores de que los derechos laborales sean respetados.
Ante lo que describió como un “baldado de agua fría” para las familias, especialmente en el contexto de las festividades del Carnaval, Vargas De la Hoz hizo un llamado vehemente a la movilización en las calles.
Aseguró que el pueblo colombiano debe salir a defender su salario y que esta lucha superará las etiquetas partidistas, pues afecta directamente a millones de beneficiarios.
Finalmente, la candidata subrayó que el Gobierno, a través de sus ministros, ha entregado con juicio todas las justificaciones técnicas necesarias y confía en que la decisión sea reversible, pues considera que el pueblo ha demostrado ser superior a sus dirigentes y a las decisiones del Consejo de Estado.
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