En un movimiento que intensifica las tensiones comerciales internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10%.
Esta medida se presenta como una respuesta directa a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que invalidó la mayoría de los gravámenes emitidos por su administración el pasado 2 de abril de 2025.
Para eludir el bloqueo judicial, Trump invocará la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta legislación otorga al Ejecutivo el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta un 15% por un periodo de 150 días sin necesidad de contar con la aprobación inicial del Congreso.
El mandatario aseguró que, pese al fallo adverso, cuenta con alternativas muy poderosas para proseguir con su agenda arancelaria.
El fundamento del revés judicial
La Corte Suprema, con una votación de 6-3, determinó que el Gobierno se extralimitó en el uso de los poderes de emergencia invocados bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.
El tribunal argumentó que el uso de dicha ley supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario, el cual la Constitución reserva exclusivamente al Congreso, considerando que los aranceles funcionan como un impuesto a los ciudadanos.
El dictamen del Supremo afectó diversas medidas clave, entre ellas la tarifa global base del 10% y los gravámenes recíprocos; y aranceles adicionales del 25% a México y Canadá, diseñados para presionar en la lucha contra el tráfico de fentanilo.
Igualmente, aumentos de hasta el 50% en aranceles a Brasil e India, aplicados en represalia por asuntos políticos y la compra de crudo ruso, y la suspensión de exenciones arancelarias para envíos de comercio electrónico de escaso valor (de minimis).
Impacto económico y reacción presidencial
Trump calificó el fallo como una decisión terrible y profundamente decepcionante, afirmando que los aranceles eran un símbolo de seguridad económica y nacional.
El mandatario llegó a sugerir que el tribunal fue influenciado por intereses extranjeros y advirtió que los países que “han estado estafando” a Estados Unidos sufrirán las consecuencias de su nueva orden.
Desde el punto de vista financiero, el dictamen judicial representa un golpe significativo para las arcas fiscales, ya que podría implicar el reembolso de unos 240.000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes ahora invalidados.
Pese a esto, Trump mantiene un tono desafiante. “Los países extranjeros están extasiados… pero no bailarán por mucho tiempo. Eso se los puedo asegurar”, subrayó.
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