En una decisión de gran calado para la economía estadounidense, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este viernes que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados en todo el mundo. El fallo representa la derrota más significativa de la segunda administración Trump ante el máximo tribunal, que anteriormente se había mostrado favorable al mandatario en otros temas de emergencia.
Con una votación de 6 contra 3, los magistrados rechazaron el argumento de la Casa Blanca de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 facultaba al Ejecutivo para aumentar aranceles sin la supervisión del Congreso.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien redactó la opinión mayoritaria, enfatizó que el mandatario no puede arrogarse la “facultad extraordinaria” de imponer aranceles de monto, duración y alcance ilimitados sin una autorización legislativa clara.
A la mayoría liderada por Roberts se unieron los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, junto a los tres magistrados liberales. En su voto disidente, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh cuestionaron el impacto de la decisión.
La resolución judicial pone en tela de juicio la legalidad de los aranceles del “Día de la Liberación”, así como los gravámenes impuestos a socios comerciales clave como China, México y Canadá. Bajo esta política, los aranceles “recíprocos” alcanzaron aumentos de hasta el 50% para naciones como India y Brasil, y hasta un 145% para las importaciones desde China proyectadas para 2025.
Las implicaciones financieras son masivas: Hasta diciembre, el gobierno federal había recaudado US$ 134 mil millones en ingresos por estos aranceles y más de 301,000 importadores se han visto afectados por estas medidas.
El tribunal no ofreció claridad sobre si el Gobierno debe devolver el dinero recaudado, una cuestión que probablemente será resuelta en instancias judiciales inferiores.
Reacciones y futuro económico
El presidente Trump calificó el fallo como una “vergüenza”, tras haber defendido ante los jueces que “con aranceles somos una nación rica”. Por el contrario, diversos sectores económicos han celebrado la decisión. La asociación de pequeñas empresas “We Pay the Tariffs” ya exige una indemnización por los perjuicios económicos, afirmando que una victoria legal carece de sentido sin un “alivio real” para quienes pagaron los impuestos.
Expertos como Scott Lincicome, del Instituto Cato, señalaron que la decisión es una “buena noticia para los importadores” y que el gobierno debería proceder al reembolso de las decenas de miles de millones de dólares obtenidos mediante la ley invalidada. Asimismo, la Federación Nacional de Minoristas destacó que el fallo aporta una “certeza muy necesaria” para los fabricantes y empresas del país.
Este caso marca un precedente sobre la capacidad general del Ejecutivo para utilizar estatutos de emergencia de manera amplia, sugiriendo que la Corte está dispuesta a imponer límites constitucionales cuando se trata del fondo de las facultades presidenciales.
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