La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su preocupación ante el anuncio de huelga realizado por Sintraelecol, el sindicato de la Electrificadora de Santander (ESSA). El gremio advirtió que esta medida de fuerza podría provocar una suspensión del servicio de energía eléctrica que impactaría a más de 958.000 usuarios distribuidos en 102 municipios de seis departamentos del país.
El presidente de Andesco, Camilo Sánchez Ortega, enfatizó que, bajo el marco jurídico colombiano, los servicios públicos domiciliarios son esenciales y, por tanto, no son susceptibles de huelga según el artículo 56 de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994. “En el sector eléctrico, la operación es continua e interdependiente, lo que impide garantizar esquemas de servicios mínimos sin comprometer la estabilidad del sistema y la seguridad de la infraestructura”, afirmó Sánchez.
Un eventual cese de actividades en la ESSA no solo afectaría a los hogares, sino que pondría en jaque sectores críticos para la vida y la seguridad. Según las cifras presentadas por Andesco, la parálisis comprometería la operación de 517 establecimientos de salud y 71 usuarios electrodependientes en condición crítica. 260 acueductos y 40 nodos de telecomunicaciones. 3.492 instituciones educativas, 54 hogares del ICBF y 47 hogares geriátricos. Infraestructura de seguridad, incluyendo 288 cuentas de la Policía, 28 centros penitenciarios y 6 aeropuertos.
En total, se identifican 4.921 cuentas de manejo especial cuyo suministro eléctrico es vital para la seguridad, la salud y la vida de la población.
Discrepancia en las negociaciones económicas
El conflicto laboral surge tras un desacuerdo en el pliego de peticiones. Andesco señaló que la propuesta de la empresa busca un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el bienestar de los trabajadores, ofreciendo un incremento salarial superior al IPC y mejoras en auxilios de alimentación, educación, salud y vivienda.
En contraste, las pretensiones de Sintraelecol ascienden a cerca de $243 mil millones, de los cuales $132 mil millones corresponden a una solicitud de incremento salarial del 23%. El gremio destacó que esta petición equivale al aumento del salario mínimo, a pesar de que ningún trabajador de la compañía percibe una remuneración mínima actualmente.
Llamado a la intervención gubernamental
Andesco reiteró su respeto por el derecho a la asociación sindical, pero recordó que este debe ejercerse garantizando la prevalencia del interés general. Ante la gravedad de la situación, el gremio hizo un llamado urgente a los Ministerios de Minas y Energía, Trabajo y Salud para que adopten las medidas necesarias que aseguren la continuidad del servicio y protejan los derechos fundamentales de los usuarios.
“Los derechos de los usuarios están por encima de desacuerdos sindicales”, concluyó la asociación, instando a las partes a llegar a acuerdos razonables en lugar de materializar una huelga que califican como sin precedentes para la región.
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