En el marco de la versión 15 de Colombia Genera, que desarrolla la Andi hasta este jueves en Cartagena, el panel titulado “Reconstruir la certidumbre: condiciones mínimas para garantizar inversión, oferta y competitividad energética” se convirtió en un escenario de denuncia crítica sobre la fragilidad actual del sistema energético colombiano. Los líderes de los principales gremios del sector coincidieron en que la combinación de una asfixia financiera sin precedentes, la incertidumbre regulatoria y la falta de señales técnicas pone en riesgo la seguridad energética del país.
José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, reveló cifras alarmantes que sitúan la deuda con los comercializadores y distribuidores en 8.1 billones de pesos. Según Manzur, el 77% de este monto corresponde a deuda pública (60% del orden nacional y 17% territorial), producto de subsidios no pagados, la opción tarifaria y deudas oficiales.
“Hoy no tenemos cómo trabajar; el gobierno no está pagando y esto puede conllevar un riesgo sistémico para todo el sector”, advirtió, señalando que una nueva metodología de comercialización en discusión podría reducir sus ingresos en una tercera parte adicional.
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, elevó la cifra de la problemática financiera a 9.2 billones de pesos al sumar las deudas globales hacia generadores, transmisores y otros agentes. Castañeda subrayó la situación de Air-e, empresa intervenida por el gobierno donde la deuda ha pasado de 1 billón a 2.1 billones de pesos en 18 meses, calificándola como una “caja negra” sin estados financieros claros.
La seguridad operativa fue otro eje central. Castañeda advirtió que el país se encuentra en una situación “frágil”, con márgenes de reserva de energía firme agotados. Aunque la gestión de las térmicas (que aportaron el 56% del consumo en los momentos más críticos) y las hidráulicas evitó un racionamiento el año pasado, la oferta está hoy al límite de la demanda.
Para los próximos cinco años, se estima que Colombia requiere inversiones por 50 billones de pesos para incorporar 3,000 MW de nueva generación y fortalecer las redes de transmisión y distribución.
El rechazo al “populismo tarifario” y la ideologización
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, fue enfático en que el sector energético ha sido tratado como la “gallina de los huevos de oro” y criticó duramente los intentos de bajar tarifas mediante decretos o resoluciones políticas. “La CREG es un ente autónomo y técnico, no debe obedecer a caprichos políticos; las tarifas bajan con mayor oferta, no a las malas”, afirmó Sánchez.
El líder de Andesco también hizo un llamado a recuperar la soberanía energética, defendiendo el uso de recursos propios como el gas, el carbón e incluso el fracking para evitar la dependencia de importaciones de países vecinos. Según Sánchez, es necesario que el próximo gobierno “recupere Ecopetrol” y destine los recursos necesarios para que la inversión privada vuelva a fluir.
Pilares para la competitividad industrial
Desde la perspectiva de los grandes consumidores, Diego Jaramillo, presidente de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la Andi, señaló que la incertidumbre actual eleva el costo del capital (WACC) y detiene las decisiones de inversión. Jaramillo propuso cinco pilares fundamentales para reconstruir la confianza: Estabilidad jurídica real y respeto contractual, un regulador técnico independiente y con experiencia, señales económicas claras sin intervenciones discrecionales, desarrollo oportuno de infraestructura y un mensaje político coherente que priorice la técnica sobre la ideología.
Finalmente, el panel concluyó con un mensaje de urgencia hacia las campañas presidenciales y el gobierno actual: el sector energético requiere seguridad jurídica, financiera y territorial para evitar que la parálisis actual se convierta en un apagón definitivo. “No pagar apaga”, sentenció Manzur, resumiendo el sentir de una industria que se declara con “el agua al cuello”.
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