El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó este jueves 29 de octubre ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Rescate Fiscal, una ambiciosa reforma tributaria y económica con la que busca reducir el déficit de las finanzas públicas, contener el crecimiento de la deuda y reactivar la inversión privada.
La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro encargado de Justicia e Interior, Iván Cancino, está compuesta por 106 artículos distribuidos en cinco pilares: rescate fiscal, rescate social, rescate de la salud, rescate de la inversión y recuperación de la eficiencia del Estado.
Según el Ejecutivo, el objetivo es reducir el gasto público de 2027 en cerca de $40 billones, equivalentes al 2,2 % del producto interno bruto (PIB). El Gobierno sostiene que el país enfrenta un panorama fiscal complejo y advierte sobre los riesgos que implicaría mantener el ritmo actual de endeudamiento.
De acuerdo con las cifras expuestas por la administración nacional, los ingresos del Estado promedian $29 billones mensuales, mientras que los gastos superan los $40 billones. El Gobierno también estima que el déficit fiscal podría alcanzar los $144 billones al cierre de 2026.
Cambios en el IVA y devolución para los hogares vulnerables
Uno de los componentes centrales de la reforma es la modificación de los bienes y servicios sujetos al impuesto sobre las ventas (IVA). El proyecto propone gravar determinados productos que actualmente cuentan con exclusiones o tratamientos especiales, con cambios que comenzarían a regir a partir del primero de enero de 2028.
La propuesta contempla, además, extender el cobro del IVA a las compras internacionales de bienes realizadas mediante plataformas de comercio electrónico, incluso cuando su valor sea inferior a 200 dólares, bajo las condiciones establecidas en el articulado.
El Gobierno argumenta que esta medida busca reducir las diferencias tributarias entre los comerciantes nacionales y los vendedores extranjeros.
Sin embargo, la iniciativa incluye un mecanismo de compensación denominado EfectIVA, con el que se pretende devolver el impuesto a los hogares de menores ingresos. Según las cifras divulgadas por el Ejecutivo, el programa podría beneficiar a unos 19 millones de colombianos, con una devolución promedio de $213.000 mensuales por hogar y un monto máximo anunciado de $288.000.
El Gobierno plantea que el mecanismo comience a operar en enero de 2028, con un giro anticipado que se realizaría, a más tardar, el 20 de diciembre de 2027.
El proyecto mantiene tratamientos preferenciales para determinados alimentos, entre ellos arroz, papa y huevos, así como para algunas categorías de carnes, leche y pan. También contempla mantener exclusiones para servicios como salud, educación, transporte público de pasajeros, arrendamiento de vivienda y servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con las condiciones propuestas.
Impuestos al licor, cigarrillos y bebidas azucaradas
La Ley de Rescate Fiscal también introduce cambios en los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y productos relacionados con el vapeo.
Para vinos, licores y aperitivos, se propone un componente específico de $750 por cada grado de alcohol en una presentación de 750 mililitros, o su equivalente, además de una tarifa porcentual del 35 % sobre la base gravable correspondiente.
En el caso de la cerveza, el proyecto contempla un componente específico de $330 por grado de alcohol en una presentación de 330 mililitros, acompañado de una tarifa del 10 %.
Para los cigarrillos, la iniciativa establece un componente de $7.823 por cajetilla de 20 unidades en 2027, que aumentaría a $11.200 desde 2028. Los líquidos para vapeadores tendrían un componente específico de $1.000 por mililitro en 2027 y de $2.000 a partir de 2028.
También se plantean ajustes al impuesto sobre las bebidas azucaradas, con tarifas diferenciadas según el contenido de azúcar añadido, además de modificaciones al impuesto nacional al carbono.
Según el Gobierno, los recursos adicionales provenientes de los impuestos al licor, la cerveza y el tabaco contribuirían a financiar el sistema de salud. En cuanto a Bienes y servicios sujetos al incremento del IVA al 19 % desde 2028, se establece que quedan cobijados: Vehículos híbridos y eléctricos, planes de medicina prepagada, servicios de aseo y vigilancia y alimentos procesados como café y avena
Impuesto de renta para empresas bajaría al 31 %
En contraste con los nuevos gravámenes propuestos para algunos productos, el Gobierno plantea reducir gradualmente el impuesto de renta de las personas jurídicas, cuya tarifa general es actualmente del 35 %.
La iniciativa propone que la tarifa baje al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028. Con esta medida, el Ejecutivo busca mejorar las condiciones para la inversión, fortalecer la competitividad empresarial y estimular la generación de empleo.
El proyecto también crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), dirigido a atraer inversiones en sectores como infraestructura, industria, agroindustria y economía digital.
Las empresas que cumplan los requisitos previstos podrían acceder a una tarifa de renta del 20 % para determinadas inversiones realizadas durante 2027 y 2028, mientras que para las efectuadas en 2029 se plantea una tarifa del 26 %. El esquema incluye condiciones de acceso y mecanismos de estabilidad tributaria.
En materia de patrimonio, la reforma contempla un impuesto aplicable entre 2027 y 2030 para patrimonios líquidos desde 95.500 unidades de valor tributario (UVT), con tarifas marginales entre el 0,5 % y el 1 %.
Asimismo, se proponen reglas para la valoración y tributación de criptoactivos, junto con un impuesto complementario de normalización del 5 % para regularizar activos digitales omitidos a primero de enero de 2027, bajo las condiciones previstas en el proyecto.
Recorte del gasto público y reducción del tamaño del Estado
La otra gran apuesta de la reforma es la austeridad estatal. El Ejecutivo propone reducir en un 15 % el tamaño del Estado y recortar en un 50 % los recursos destinados a contratos de prestación de servicios durante 2027.
Para 2028, el articulado plantea una reducción nominal del 20 % en los gastos de personal de las entidades incluidas en el Presupuesto General de la Nación, con excepción de la Fuerza Pública. También contempla restricciones al crecimiento de las compras de bienes y servicios estatales y una revisión de más de 250 transferencias públicas.
El Gobierno busca complementar estas medidas con la utilización de excedentes de liquidez de fondos públicos y la venta de activos estatales considerados improductivos.
Además, el proyecto contempla facultades extraordinarias para que el presidente pueda suprimir, fusionar o reestructurar entidades del orden nacional durante un periodo de seis meses, con el argumento de eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia administrativa.
La iniciativa señala que determinados recursos destinados a salud, educación básica, agua potable, pensiones, universidades públicas y cumplimiento de sentencias judiciales conservarían protecciones específicas.
Una reforma que ahora deberá debatirse en el Congreso
El Gobierno defiende la Ley de Rescate Fiscal como una estrategia para estabilizar las cuentas públicas, financiar las obligaciones estatales y evitar un deterioro mayor de los indicadores de endeudamiento.
El vicepresidente José Manuel Restrepo sostuvo durante la presentación que el mayor esfuerzo recaería en la reducción del tamaño del Estado y en los contribuyentes de mayores ingresos. Según las estimaciones divulgadas por el Ejecutivo, nueve de cada diez colombianos no se verían directamente afectados por la iniciativa, mientras que el 10 % de mayores ingresos asumiría la mayor parte del aporte tributario adicional.
No obstante, el alcance definitivo de los cambios dependerá de la discusión legislativa, las modificaciones que introduzcan los congresistas y la aprobación final del articulado.
Por ahora, la radicación del proyecto abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre la necesidad de aumentar los ingresos públicos, reducir el gasto estatal y promover la inversión, sin trasladar una carga desproporcionada a los hogares de menores recursos.
La denominada Ley de Rescate Fiscal todavía no es una norma vigente. Sus propuestas tributarias y presupuestales deberán superar el trámite correspondiente en el Congreso de la República antes de convertirse en ley.
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