En una decisión de alto impacto para las finanzas de empresas y ciudadanos, El Consejo de Estado anunció la suspensión provisional de los artículos 2 al 8 del Decreto 572 de 2025, el cual había modificado al alza las tarifas y bases de retención y autorretención en la fuente.
La medida, proferida por la Sección Cuarta con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello el pasado 7 de mayo de 2026, surge tras la acumulación de múltiples demandas que cuestionaban la legalidad y el impacto económico de la norma.
El núcleo del fallo radica en la “insuficiente e inadecuada motivación” por parte del Gobierno Nacional para justificar los cambios. Según el tribunal, aunque el decreto mencionaba la existencia de “simulaciones” y “estudios económicos” que detectaron brechas entre el recaudo y el impuesto final, estos documentos no fueron aportados, transcritos ni detallados con precisión en los antecedentes del acto administrativo.
El despacho señaló que la administración no explicó con evidencia cuantificable cómo las nuevas tarifas se ajustaban a la capacidad contributiva de los sectores afectados, ni por qué se agruparon ciertas actividades económicas de manera arbitraria.
La decisión judicial responde a las alarmas encendidas por diversos sectores productivos y gremios como la Andi, Fedetranscarga y Fenalcarbón, quienes argumentaron que el decreto generaba una grave afectación a la liquidez empresarial.
Entre los puntos más críticos expuestos por los demandantes se encontraban:
Pérdida de flujo de caja: Las empresas se veían obligadas a entregar anticipos excesivos que, en muchos casos, superaban el impuesto real a pagar, convirtiéndose en un “préstamo gratuito” al Estado.
Riesgo de insolvencia: Se advirtió que la detracción forzosa de recursos podría derivar en cierres de proyectos, despidos masivos y sobrecostos financieros al tener que recurrir a créditos para operar.
Falta de gradualidad: El decreto entró en vigor apenas dos días después de su publicación, impidiendo a los contribuyentes ajustar sus sistemas contables y financieros.
Lo que sigue: regreso a las reglas anteriores
Como consecuencia inmediata de esta suspensión, el Consejo de Estado aclaró que deberán aplicarse las normas que fueron sustituidas por el Decreto 572, restableciendo las tarifas y bases de retención que operaban anteriormente. Esto ofrece un respiro a sectores como la agricultura, la minería y el transporte, que enfrentaban aumentos tarifarios de hasta el 300% en algunos conceptos.
No obstante, la justicia negó la suspensión del artículo 1 del mismo decreto, el cual equipara la retención de los Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT) con la de los títulos de renta fija. En este punto, el tribunal consideró que el ajuste es razonable para eliminar arbitrajes regulatorios entre productos financieros similares.
Esta decisión es de carácter provisional mientras se dicta una sentencia de fondo que determine la nulidad definitiva o la legalidad del reglamento. Por ahora, el Gobierno Nacional enfrenta el reto de sustentar técnicamente una medida que, según el Consejo de Estado, careció de la transparencia y el rigor técnico exigido por la ley para modificar las cargas tributarias del país.
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